El consejero de Salud, Aquilino Alonso, se alineó ayer con las tesis de la presidenta de la Junta y alertó de que el intento del Ministerio de Hacienda de traducir en recortes el desvío del déficit público es “muy grave”. En todo caso, si se producen, está convencido de que “no afectarán” a la parcela sanitaria. “Los servicios públicos que prestamos no corren peligros; no habrá recortes”, enfatizó durante la entrevista que concedió anoche a Acento Andaluz, el programa de Ondaluz TV.
El departamento que dirige se ha visto, además, salpicado por la polémica al imputarle directamente Montoro en el cómputo del déficit, como al resto de las comunidades autónomas incumplidoras, el gasto derivado de las partidas necesarias para la adquisición de tratamientos para combatir la hepatitis C. Alonso considera “increíble” que “se incumpla lo pactado en el Consejo Interterritorial”, donde los consejeros recibieron “la confirmación y la promesa” de que ese gasto quedaría excluido. El viraje es a su juicio “una falta de respeto” de la que serían cómplices, a partes iguales, tanto el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Pese a esos obstáculos inesperados, el consejero defendió las virtudes del sistema sanitario andaluz, “eficiente, sostenible y de calidad”, y al margen de las tentaciones privatizadoras de otras comunidades autónomas o los tijeretazos a su carácter universal. El balance satisfactorio no oculta, sin embargo, la necesidad de profundizar en los avances. Entre los retos de la Consejería figuran la inminente ley que luchará contra los efectos de la obesidad o la norma que blindará el carácter público de las prestaciones, en especial en situaciones de crisis.
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