Quiera o no el PSOE, Susana Díaz deberá comparecer, presumiblemente en primavera, ante la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades cometidas en torno a los cursos de formación sufragados por la Junta de Andalucía desde 2002. La incógnita terminó de desvelarse este martes, tras la sexta reunión del órgano creado en la Cámara para depurar responsabilidades políticas. Tras hora y media de deliberaciones, los cinco grupos decidieron dar por fin un acelerón a los trabajos para superar una parálisis de cien días en los que sólo se había acordado cómo consultar los millones de folios que acumulan los más de 40.000 expedientes del caso, la inmensa mayoría aún no facilitados por la Junta.
Díaz tendrá que someterse a las preguntas de la comisión porque Ciudadanos confirmó que, como también harán PP y Podemos, incluirá su nombre en el listado de peticiones de comparecencias que cada partido deberá pasar por el Registro del Parlamento antes de las 19:00 del próximo martes. El PSOE se quedó de nuevo solo en su negativa de que su jefa de filas comparezca alegando, por enésima vez, que debería consultarse antes toda la documentación. IU no acabó de desvelar su posición al no considerarlo prioritario.
La presidenta de la Junta desfilará pues frente a los micrófonos, como también lo harán, con toda seguridad, sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A los tres se les interrogará, en una o dos rondas de comparecencias, sobre su conocimiento de las supuestas irregularidades cometidas durante una larga década en torno al uso de los fondos destinados a la formación de desempleados y cuya trama, en la que están señalados ya más de 200 imputados, investigan en paralelo hasta 18 juzgados de toda Andalucía.
Además de los expresidentes se citará, presumiblemente, a exconsejeros de Empleo, exdirectores generales y otros altos cargos. Los listados definitivos serán examinados y votados el viernes 29 por los grupos y a partir de ahí comenzarán a tramitarse las citaciones.
Quienes tienen ya fecha para aportar las primeras declaraciones son los ocho interventores provinciales y el interventor general de la Junta que alertaron en su día de los desfases. Los cinco grupos políticos consensuaron que comparezcan ya, sacándolos de las listas que aún están por entregarse en el Registro, para que aporten los primeros datos técnicos. El PSOE se quejó por ese procedimiento y anunció que estudia impugnarlo alegando que se vulnera el plan de trabajo. El presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), restó importancia a la protesta y confirmó que esos altos cargos serán citados hoy mismo para que acudan los días 16, 18 y 19 de febrero, convirtiéndose así en los primeros en aportar información sobre el caso. Posteriormente, todos los grupos están de acuerdo en ir “subiendo hacia arriba”, para llegar a los expresidentes y la actual jefa del Ejecutivo.
Protestas de todo tipo
Hasta ahí lo pactado, porque los partidos derramaron luego sus quejas. El PSOE no entiende que comparezca Díaz si no tenía responsabilidad política cuando se libraron los fondos, pero Podemos, por ejemplo, quiere oír cómo justifica las exoneraciones decretadas en la obligación de justificar los cursos o por qué dejó de convocarlos.
Al PP tampoco le convence que el PSOE haya solicitado la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y se cuestiona “qué preguntas se le pueden hacer”. En lo que todos coinciden, salvo el PSOE, es en la protesta por el retraso que acumula el envío de documentación. Tanto el PP como el presidente de la comisión se volverán a quejar por escrito. Mientras, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, dio por hecho tras el Consejo de Gobierno que Díaz acudirá pero censuró que la investigación esté “instrumentalizada”.
Se estrecha el cerco sobre Ojeda
Mientras tanto, la jueza Núñez Bolaños ha incoado ya las diligencias previas de las tres primeras piezas de las nueve en las que dividió la macrocausa de los cursos de formación, las que afectan a la red de empresas de Ángel Ojeda, Rafael Velázquez y José María Pérez. En la referida al exconsejero de Hacienda, Núñez ve indicios que apuntan a que buena parte de los 33,3 millones en fondos percibidos por el Grupo Prescal, que controlaba, se desviaban simulando cursos para los extrabajadores de Delphi recurriendo además a contrataciones irregulares.
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