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Martes 27/07/2021

Andalucía

Una ex alto cargo dice que sería un "auténtico fraude procesal" seguir "alargando" la instrucción

La defensa de la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina se opone de este modo a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que la magistrada declare la causa de especial complejidad

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La defensa de una ex alto cargo de la Junta de Andalucía imputada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha alertado de que sería un "auténtico fraude procesal" que la juez María Núñez Bolaños declarase de especial complejidad la causa, lo que le permitiría disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.

   En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de la exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina se opone de este modo a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que la magistrada declare la causa de especial complejidad.

   "Después de unos cinco años instruyendo esta causa supondría un auténtico fraude procesal intentar aludir a ese mecanismo para seguir alargando la instrucción de la misma", pone de manifiesto el letrado, que asegura que "lo procedente" respecto a su patrocinada sería "sencillamente" acordar el archivo y sobreseimiento.

   A este respecto, reclama "no seguir dilatando una causa que ha supuesto un perjuicio ya irremediable por su duración y su falta de base respecto a ella, de forma que el daño no podrá ya desaparecer nunca", añadiendo que "seguir dilatándolo y además con esas enormes fianzas que se han pedido por doquier, es algo absolutamente injustificado a estas alturas".

   Y es que "no cabe decir mucho más, sino que no podemos aceptar tal petición para obtener un mayor retraso que no puede ser aceptado por esta parte", concluye su escrito.

LA PETICIÓN DE ANTICORRUPCIÓN

   En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 9 de diciembre de 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra solicitan a la juez que declare la causa de especial complejidad al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 324.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

   Realizan esta petición "al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses, al concurrir los motivos reseñados en el apartado 2 del reseñado artículo en sus letras b, c, d y f".

   De este modo, la Fiscalía Anticorrupción considera que, tal y como establece la Ley, el caso tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas, exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis y, por último, precisa de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas.

   Los representantes del Ministerio Público, en base a todo ello, solicitan a la juez María Núñez que declare el caso ERE de especial complejidad y fije un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses, "a contar desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015".

DIVIDIDA EN PIEZAS

   Hay que recordar que el caso ERE acumula cerca de 300 personas imputadas y cumple este mes de enero cinco años de instrucción, ya que la investigación la inició la juez Mercedes Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en enero de 2010.

   El 30 de julio de 2015, la juez Núñez acordó dividir el caso en piezas, en contra del criterio mantenido por su antecesora en el puesto, mientras que en noviembre rediseñó esa división, dejando como pieza matriz la causa originaria de los ERE de 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de esta matriz otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible.

   Así, la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo --fallecido el pasado viernes de un infarto-- y José María Sayago.

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