El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) ha presentado hoy en el Registro de la Cámara la proposición de Ley de Participación Ciudadana, que regula la celebración de consultas y que, según la memoria económica, tendría un coste aproximado de 8,9 millones de euros.
El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha dicho en conferencia de prensa que el objetivo de esta iniciativa, que formaba parte del pacto de gobierno suscrito por el PSOE y la federación de izquierdas en la anterior legislatura, es que Andalucía sea gobernada "obedeciendo", un principio "rector" que debe marcar la gestión del Ejecutivo.
Aunque ha recordado que las consultas no serían "vinculantes", ha destacado su carácter "propositivo", y ha asegurado que la ley no supone un incremento del gasto, sino una "reordenación de los recursos" existentes.
Ha detallado, no obstante, que la memoria económica que acompaña la iniciativa, nuevo requisito establecido en esta legislatura, consigna un total de 1,4 millones para el desarrollo global de la norma y otros 8,9 millones cuando se celebren consultas ciudadanas.
Ha subrayado que con el registro de esta iniciativa IU cumple con lo que se "comprometió", pues formaba parte de las propuestas defendidas por su formación cuando estaba en el gobierno, de forma que situará "en el espejo de los demás la coherencia o no de lo pactado", en referencia a la posición que adopte el PSOE, pues "recoge todo lo aprobado por los socios de gobierno", ha insistido.
La portavoz adjunta de IU Elena Cortés ha resaltado, por su parte, que el objetivo de la proposición de ley es que los gobiernos "manden obedeciendo" y ha incidido en que esta iniciativa "ya ha pisado la calle" porque fue objeto de debate con numerosos colectivos.
La proposición de ley, que regula el derecho a la participación que recoge el Estatuto de Autonomía, aspira a que la voluntad popular pueda expresarse más allá del sistema de partidos, al considerar que votar cada cuatro años "no garantiza la democracia".
De acuerdo con la propuesta de IU, el derecho a participar se amplía a todos los vecinos de Andalucía mayores de 16 años, no sólo a través de consultas, sino también mediante los llamados presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas e iniciativas.
Así, con esta ley los ciudadanos podrían trasladar propuestas a los proyectos de ley y reglamentos, mientras que tanto el Gobierno andaluz como los ayuntamientos o los propios ciudadanos podrán impulsar consultas populares en lo relativo a las competencias autonómicas y locales.
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