Con los pasillos del Parlamento desiertos y un puñado de periodistas como únicos testigos echó el telón el martes, más allá de las 22:00, la reunión de la comisión de investigación de los cursos de formación que debía definir su propio plan de trabajo para los próximos meses. Pero no sólo no fueron capaces de consensuar prácticamente nada, sino que los representantes de los cinco partidos llamados a depurar responsabilidades políticas en la trama saldaron la jornada, ya de noche, con acusaciones mutuas de promover “un circo”, un “espectáculo kafkiano” o un  “paripé. Un arranque de lo más estéril.
Tres horas de interminable discusión arrojaron varias conclusiones: la primera que la transparencia se va a ver zancadilleada por el fango político, y la segunda que la aparente luna de miel que atraviesa la relación entre PSOE y Ciudadanos tiene aún bastantes páginas por escribir. De todo ello se quejaron hasta la saciedad los representantes de IU, PP y Podemos. Tenían motivos.
En los primeros puestos de esa lista de agravios figura el acuerdo alcanzado entre ambas fuerzas para que las comparecencias no se solapen con la campaña electoral de las generales, que debe arrancar el 4 de diciembre. En ese no rotundo encontraron el apoyo del PP, al que tampoco interesa que el cruce de reproches sobre corrupción salpique su lucha por los escaños. Y el PSOE, por su parte, se libra de ver comparecer durante ese decisivo periodo a Susana Díaz, Griñán o Chaves.
Hasta enero...
Al final esa posibilidad ni se habría producido, porque el escenario “kafkiano” que dejó la reunión y que denunciaba en la noche del martes José Antonio Castro, representante de IU, desplaza las declaraciones hasta enero. Y todo porque el PSOE, alerta la oposición, se sacó un inesperado as de la manga: antes de pedir comparecencias hay que hacer los deberes y estudiar hasta el último renglón de la documentación, miles de expedientes de reintegro de las subvenciones irregulares y toda la información de Empleo que el letrado solicitó ayer. “¿Después de cuatro años aún hay dudas sobre los datos?”, se preguntaron, entre otros, PP y Podemos. Para IU, de lo que se trata es de que el propio Gobierno andaluz, que es quien facilitará esas relaciones “marque el objetivo de la comisión”, y si a eso se le suma que la alianza PSOE-C’s aprueba la nómina de declarantes, las sospechas toman aún más cuerpo.
El PP intentó, sin éxito, que las comparecencias arrancasen el 6 de noviembre, pero con frustante resultado. Sin fechas definidas para las declaraciones, lo único acordado es un raquítico calendario: las peticiones de documentación se admitirán hasta el día 28 y el 3 de noviembre se aprobarán. Las sesiones serán los martes, de 10:00 a 14:30, con posibilidad de habilitar los lunes, los viernes y enero. El punto y final coincidirá con el cierre de las sesiones del Parlamento, en julio.
A partir de ahí, la nada o el territorio de las dudas. Nadie es capaz de aventurar cuándo se someterá a las preguntas de los grupos el primero de los convocados, y mucho menos sus identidades por mucho que ya se den por seguros los grandes nombres de la presidenta, sus antecesores, consejeros, directores generales y el resto de técnicos.
La anécdota la puso C’s. Marta Bosquet tuvo el desliz de sugerir la autorización de segundas comparecencias y el presidente de la comisión, Julio Díaz, de su mismo partido, le invitó a rectificar. Por su parte, Juan Ignacio Moreno Yagüe, representante de Podemos en la comisión, deslizó el martes un temor: cada comparecencia de un funcionario será comunicada a su superior en la Junta. Pero si éste está imputado, podrían registrarse “presiones”.
Mientras, la Asociación de la Prensa de Sevilla ha pedido al presidente de la comisión, Julio Díaz, que permita a los fotógrafos tomar imágenes de las reuniones tras prohibirlo el martes de forma expresa. Tampoco autorizó la presencia de periodistas en los pasillos.
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