La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha recibido este miércoles en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, a representantes de asociaciones andaluzas de bebés robados, quienes le han expuesto sus "reivindicaciones" y le han reclamado la "ayuda institucional" de la Administración autonómica para que se les "faciliten y acerquen ciertas vías de las que dispone el Estado de derecho" para poder "defenderse con cierta dignidad".
Así lo ha indicado María Bueno, de la Asociación por la lucha de madres de bebés robados de Andalucía (Alumbra), de carácter regional, quien, como portavoz del colectivo de asociaciones, y en declaraciones a los medios al término de la reunión, se ha mostrado "esperanzada" con el resultado del encuentro, al que también ha asistido el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ya que han percibido una "actitud cercana y honesta" por parte de la presidenta de la Junta en relación a la causa de los niños robados "en toda España y en concreto en Andalucía", según ha valorado.
Bueno ha remarcado la "dificultad" que envuelve a la "vía judicial" para abordar este asunto, ya que "muchos de los protagonistas de aquellos escenarios han muerto y dicen que no hay pruebas", aunque realmente "hay muchísimas", según ha matizado antes de aseverar que, por eso, "es importante tener de nuestro lado a aquellas figuras políticas que tienen el poder de cambiar las cosas".
En esa línea, la representante de Alumbra cree que en Andalucía se está "en el camino adecuado" para que "al menos" a las asociaciones se les "facilite" y "acerquen desde la Presidencia (de la Junta) ciertas vías que tiene el Estado de derecho" para que el colectivo afectado pueda "defenderse con cierta dignidad".
"Confiamos mucho en la buena voluntad de la presidenta", ha indicado María Bueno, que ha explicado que Susana Díaz "ha tomado nota de todas" las reivindicaciones de las asociaciones, y que se ha mostrado convencida de que desde la Junta se les "va a ayudar".
Esta portavoz del colectivo de afectados por los casos de bebés robados ha subrayado que lo que hay detrás es "una causa de delitos de lesa humanidad", ya que las víctimas están "buscando a madres, hermanos, hijos; seres vivos" en suma, por lo que no entiende que "tras años de lucha aún no tengamos nada, solo la prescripción de los delitos", ha lamentado antes de insistir en mostrarse segura de que desde la Junta se va a "dar un impulso importante a esta pelea".
JUSTICIA GRATUITA
En relación a los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta en esta reunión, María Bueno ha explicado que desde la Junta se va a "estudiar el tema de la justicia gratuita" en estos casos, algo fundamental, según ha remarcado, porque "a día de hoy hay casos que ni se han tocado porque las familias no tienen recursos económicos para acudir a la vía judicial" y "muchas familias no denuncian porque no tienen dinero", e incluso hay quienes han sido "condenadas en costas por haber recurrido".
Al hilo, ha citado el caso de una mujer de Almería condenada a abonar una "indemnización de 40.000 euros" tras "acusar a una religiosa", una penalización que se va a recurrir, según ha anunciado, al tiempo que ha rechazado que sobre las víctimas de estos robos de bebés se sitúe "la espada de Damocles económica encima".
De igual modo, desde el Gobierno andaluz, según ha agregado, se va a tratar de "hablar con la Fiscalía" con el fin de "concienciar a la sociedad" sobre unos casos en los que lo que se pide es "que nos devuelvan a nuestros hijos, hermanos y madres", según ha enfatizado María Bueno, que ha defendido el "derecho" de los ciudadanos españoles de "conocer una trama terrible que se ha vivido en España desde hace décadas" y que "partió de la dictadura" franquista.
En esa línea, ha apuntado que "la Fiscalía General del Estado emitió en 2012 una circular en la que se indicó la no prescripción de los delitos" de esta causa, un documento que "supuestamente llegó a todas las Fiscalías provinciales" de España, pero al que "a día de hoy no se le ha hecho ni caso", según ha criticado.
BANCO PÚBLICO DE ADN
La presidenta de la Junta "también se ha comprometido a estudiar si es posible impulsar la creación de un banco público de ADN a nivel autonómico", según ha explicado Bueno, que ha valorado esta posibilidad porque las víctimas no pueden "depender de los laboratorios privados" y necesitan que "lo público se acerque" a ellas, que no tienen "nada", según ha remachado.
La representante de Alumbra ha incidido en que en la actualidad se archivan las causas judiciales de bebés robados siempre por "prescripción" de los supuestos delitos, porque "los protagonistas han muerto y no hay documental suficiente para acreditar los hechos", algo que ha criticado y que le ha llevado a preguntarse "cómo es posible que todo un aparato del Estado no sea capaz de llevar a cabo una investigación profunda para tener una documental suficiente".
Tras destacar también la dificultad que se topan "con los archivos de la Iglesia", sobre los que el Estado "no tiene competencia para que se abran", ha citado un auto judicial de Baltasar Garzón que "cuantifica en 30.000 los niños desaparecidos".
Así las cosas, la portavoz de las asociaciones de bebés robados ha abogado por "poner al servicio de las víctimas aquellas herramientas que ya existen", por lo que "no cuestan dinero", y la demanda de "gratuidad de la justicia y de las herramientas que hagan más fácil" su lucha, porque "no hay derecho que caiga sobre las espaldas de las víctimas la propia investigación de los casos".
"No queremos criminalizar a nadie, pero sí saber la verdad, tenemos el derecho de que el Estado de derecho nos ayude", ha resumido María Bueno, que ha concluido subrayando que el colectivo pide que "lo que ya está se ponga a nuestro servicio", como se puede hacer con otras víctimas, por ejemplo de terrorismo. "¿Es que no somos víctimas, o somos víctimas de otro grado?", se ha preguntado al respecto.
PNL EN EL PARLAMENTO
Esta reunión --a la que han acudido ocho asociaciones, algunas de nivel provincial de Almería, Huelva, Cádiz, Sevilla y Granada-- se ha producido el día antes de que en el Pleno del Parlamento se debata una proposición no de ley del PSOE-A relativa a medidas de apoyo a las víctimas de bebés robados en Andalucía.
En concreto, con dicha PNL, presentada la semana pasada por el presidente del Grupo Parlamentario del PSOE-A y portavoz, Mario Jiménez, se reclaman cambios legislativos y una serie de medidas de apoyo a las más de 300.000 familias que hay en toda España con bebés robados.
Desde el PSOE se quiere que se atienda a las familias que sufren este "calvario" con Justicia y se reclama el "respaldo del Estado" para estas familias que "tienen que tener la consideración de víctimas y, por ello, acceder de forma gratuita a la Justicia".
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