Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un comunicado que la Junta de Andalucía sigue aplicando "el decretazo" que regulaba la planificación y actividades de los parques naturales, a pesar de que ha sido anulado definitivamente por el Tribunal Supremo.
Ecologistas ha recordado que el Supremo confirmó definitivamente en julio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló el decreto de la Junta de Andalucía que establecía un nuevo régimen de planificación de usos y actividades en los parques naturales, así como medidas de agilización de los procedimientos administrativos.
Este Decreto fue recurrido por Ecologistas en Acción y por la Sociedad Española de Ornitología (SEO) recursos ante los que el TSJA dictó sendas sentencias, una anulando parcialmente el Decreto y otra anulándolo en su totalidad.
Ecologistas ha recordado que este decreto causó "una gran polémica", pues aunque los máximos responsables de la entonces Consejería de Medio Ambiente aseguraron que su objetivo era agilizar los trámites administrativos en los parques naturales, "en realidad lo que se pretendía era fomentar el urbanismo especulativo en estos espacios protegidos".
El Decreto incluía normas "manifiestamente ilegales" a juicio de Ecologistas, como establecer la prevalencia de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las normas de protección de los parques naturales; facultar a la Consejería a modificar dichas normas y los límites de los parques naturales "de forma arbitraria".
Este Decreto contó con un informe "muy crítico" de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y con una "dura" resolución del Defensor del Pueblo andaluz, que advertió de su ilegalidad y de "las nefastas" consecuencias que podría tener en los parques naturales.
Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por estas sentencias y considera sorprendente que "nadie haya asumido responsabilidades políticas por este revés jurídico y político, ni por haber aprobado un decreto que se habría convertido en un arma en manos de especuladores urbanísticos y ayuntamientos corruptos, con gravísimas consecuencias en los 24 parques naturales andaluces".
El comunicado califica de "contrasentido" que las onegés ambientales tengan que asumir los costes de los recursos judiciales contra normas ilegales de la Junta "cuando deberían ser los responsables de estos decretos ilegales -los consejeros y los dos últimos presidentes de la Junta- los que respondieran del coste de estos procesos.
Ecologistas en Acción "censura" el silencio de la Consejería de Medio Ambiente ante estas sentencias y que siga aplicando este decreto declarado nulo por el TSJA y por el TS, y pide al nuevo consejero, José Gregorio Fiscal, un "compromiso público" de que dejará de aplicarse.
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