El Defensor del Pueblo Andaluz considera que la Junta de Andalucía debe establecer para los propietarios privados de montes en la región que se doten de un proyecto de ordenación y gestión, para paliar el "retroceso" que, a su juicio, supone la nueva Ley de Montes aprobada por el Gobierno.
Así se sugiere en una actuación de oficio abierta por la Defensoría para informar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio su posición con respecto a este nuevo texto legislativo que entiende "ha podido debilitar, de alguna manera, la protección de dichos bienes".
En el texto de la actuación, a la que ha tenido acceso Efe, se precisa que, según los últimos datos de 2012, en Andalucía de un total de 4.469,89 hectáreas de superficie forestal, 1.144,89 son de titularidad pública y 3.325 de titularidad privada, lo que significa en términos porcentuales que en la región el 25,6 % de la superficie forestal total es de titularidad pública frente a un 74,4 % que es de titularidad privada.
Con estos datos, considera el Defensor, que la exigencia de una ordenación de la superficie forestal en España debiera ser una prioridad en la agenda de los poderes públicos y, entiende que "estaba más que justificada la obligación de que los titulares privados de montes, también tuvieran que dotarse de esos instrumentos" como exigía la anterior Ley de Montes.
Debido a que la nueva ya no lo exige, la Defensoría, en virtud de la posibilidad que le da la nueva norma, para adoptar medidas en este sentido, el sugiere que establezca esta dicha obligación.
Para el caso de que esta propuesta, que considera "no sólo aconsejable, sino muy necesaria", no se aceptara, se aconseja que se les exija, al menos, a los montes de titularidad privada que se encuentren en algún territorio que haya sido acreedor de alguna protección especial por su singularidad, fragilidad o valor ambiental.
Además, recomienda que, en uno u otro caso, se cree una línea de ayudas de distinta naturaleza sometidas a un plazo temporal determinado para facilitar a los titulares de estos montes el que se doten de los mencionados instrumentos.
Por otra parte, el Defensor sugiere que la norma autonómica no haga uso de la nueva posibilidad que se contempla de establecer cambios de uso "cuando concurran razones imperiosas de interés público", por ejemplo, tras un incendio, estableciendo por el contrario criterios para interpretar en qué supuestos se podría autorizar.
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