La Intervención General de la Junta de Andalucía afirma que hay 3.015 millones de euros pendientes de justificar en cursos de formación entre el 2005 y el 2013, y un interventor asegura que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no los justificaba de forma deliberada para beneficiar a empresas o grupos.
En un informe remitido a la Guardia Civil el 17 de marzo, al que ha tenido acceso Efe, la Intervención precisa que 2.260 millones de euros pendientes de justificar y requeridos por parte de las intervenciones competentes son de los servicios centrales del SAE, mientras que el resto son de las ocho delegaciones provinciales.
Así se recoge en la documentación incluida en el caso de los cursos de formación que investiga la juez Mercedes Alaya, que se ha conocido tras decretar el levantamiento parcial del secreto del sumario y después de que la magistrada ordenara el 24 de marzo pasado la detención de 16 políticos, todos en libertad con cargos.
En la documentación también se incluye la declaración como testigo de Ignacio García Revilla, el interventor responsable del control financiero en las 26 empresas y agencias públicas en régimen especial de la Junta de Andalucía.
Ante la juez, el interventor afirmó que, por evidencias indirectas, sabe que "los numerosos fallos en las tareas de comprobación" por parte del SAE "no pueden imputarse a falta de tiempo", y añadió que las "deficiencias en las tareas de justificación" se hacían deliberadamente.
Cuando la juez le pregunta por las razones de que el SAE pudiera haber actuado deliberadamente, el interventor le contesta que para "beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".
En su testimonio, el interventor explicó que comprobaron las "importantes irregularidades" en los cursos tras un informe de cumplimiento de Huelva, tras el cual se unieron los de otras provincias.
Así, afirmó que el SAE pudo falsear los certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75 % de las ayudas y en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la ayuda.
"Los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad", señaló el interventor antes de apuntar que "la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación".
El interventor, que aludió a la "desidia" y al "dolo" por parte del SAE para no comprobar la documentación, se comprometió a hablar con su superior y elaborar un "informe especial, o como se considere llamarlo", respecto al papel desempeñado por el SAE, lo que le solicitaron la juez y la Fiscalía Anticorrupción.
Además, el interventor reconoce, a preguntas de la juez, que existía la "tendencia" a que se paralizaran los "escasos" procedimientos de reintegros iniciados.
En su declaración, el interventor deja constancia de la "falta de medios, sobre todo de personal, que existe en la Intervención", cuyas unidades se nutrían de trabajadores "escasamente" cualificados.
Esa carencia provocaba un "retraso importante en la emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más numerosas las áreas de riesgo y los requerimientos judiciales", concluye el interventor.
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