El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, tiene previsto tomar declaración a las personas aforadas implicadas, entre ellas a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el próximo febrero.
El instructor está ordenando en estos días un sumario que fuentes del alto tribunal han considerado en conversación con Efe como confuso y complejo.
Del sumario el juez del Supremo va a separar los hechos que podrían afectar a los dos expresidentes y otros aforados para, en su caso, limitar la investigación relativa a ellos a un hipotético delito de prevaricación.
Las mismas fuentes han informado de que, en todo caso, es muy precipitado señalar posibles delitos y han concretado que la decisión sobre pedir o no el suplicatorio podría retrasarse hasta la primavera, y más aún si hubiera convocatoria de elecciones en Andalucía, comicios en cuya campaña no querría interferir el alto tribunal.
Además de Chaves y Griñán, están implicados en el caso ante el Supremo los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías (diputados) y Mar Moreno (senadora).
El Supremo recibió a comienzos de enero una copia de los 140.000 folios en 243 tomos que recogen todas las investigaciones que en el citado sumario ha llevado a cabo la juez Mercedes Alaya, un material del cual la instructora no ha separado pieza alguna en relación con los aforados.
De este modo, Barreiro está ahora organizando el sumario y creando una pieza sobre los hechos en los que se implica a las personas aforadas, centrados en si se promovió desde la Junta de Andalucía un procedimiento legal "ad hoc" para los ERE, procedimiento que podría haber facilitado el fraude.
De ser así, hipotéticamente se investigarían delitos de prevaricación para todos los aforados salvo para el ex consejero José Antonio Viera, que podría estar implicado también en un hipotético delito de malversación por otros hechos diferentes.
En todo caso, en este momento procesal no está claro siquiera si realmente existen delitos e indicios que impliquen en ellos a los aforados. El instructor, una vez haya organizado una pieza separada sobre la parte del caso que les afecta, les dará traslado de la misma a los implicados y acusaciones antes de que comparezcan ante él.
Una vez les haya interrogado el instructor llamará a varios peritos para que ratifiquen ante el juez y las partes sus informes, diligencia que no ha llevado a cabo la juez Alaya y que debe ser cumplida.
Además, el juez deberá unificar las partes, tanto expulsando de la pieza de los aforados a las defensas que no son de estas personas como unificando a las múltiples acusaciones en una sola.
Después de estas diligencias y otras que quisiera desarrollar el magistrado dispondrá de todos los elementos antes de decidir si solicita al Tribunal Supremo bien el archivo o bien la petición de suplicatorio al Parlamento para actuar contra todos o alguno de los implicados.
Esta decisión podría verse atrasada en caso de que hubiera elecciones anticipadas en Andalucía, con las que no querría interferir el alto tribunal.
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