La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que se le conceda una pensión de 1.359,07 euros al exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, según han informado a Europa Press fuentes familiares.
El exconsejero socialista había solicitado una pensión alimenticia de 1.840 euros mensuales a fin de atender "sus necesidades más básicas", al alegar que "de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia".
Las citadas fuentes han precisado que el ministerio público ha elevado un escrito al juzgado número 6 de Sevilla en el que no se opone a que se le conceda al exconsejero una pensión de 710,47 euros para el pago de la hipoteca de su vivienda y de 648,60 euros, en concepto de salario mínimo interprofesional, al recordar en este punto que el imputado tiene su patrimonio embargado.
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