Los imputados del caso, cuyo número se eleva a sesenta y tres, permanecen, a día de hoy, sin saber qué hechos concretos se les imputan por la instructora principal de caso, la jueza actual del número cinco, Isabel Conejo, y su sustituta, Virtudes Molina, a pesar de las reiteradas peticiones de varios de estos imputados en el levantamiento parcial del secreto sobre las actuaciones.
La realidad que se viene repitiendo, mes tras mes, es que el secreto se sigue prorrogando, a veces con explicaciones poco esclarecedoras de los motivos, e incluso se especula con que esta situación se pueda prolongar unos meses más si bien, desde las defensas de algunos de los imputados, que no entienden que se pueda estar produciendo una circunstancia así por lo que significa de indefensión, se considera que será en el mes de junio, coincidiendo casi con el aniversario de la intervención del Ayuntamiento, cuando sea la Audiencia Provincial la que adopte la decisión del levantamiento parcial del secreto.
Los problemas en el procedimiento se suceden desde que la jueza Isabel Conejo abandonase el juzgado de Instrucción número uno para trasladarse al número cinco, de nueva creación, y el rechazo del Consejo General del Poder Judicial a la incorporación de la juez Marina del Carmen Palomo, en comisión de servicios, después de que se le diese el visto bueno por el órgano de gobierno de los jueces, aunque su nombramiento no se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado, al considerarse que la complejidad de uno de los asuntos que actualmente atiende esta juez, en el juzgado número tres de Martorell, requería su permanencia. Un obstáculo que sólo se podría salvar cuando, en el mes de junio, se convoque de nuevo un concurso para ocupar interinamente la plaza y, lo más complicado a la vista del concurso anterior donde se presentó la jueza Palomo, que se presente alguien para este destino con un caso cuya instrucción aparece como bastante compleja.
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