La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha abonado ya las nóminas de los trabajadores de la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva), el Consorcio Escuela de la Madera (Cemer, Encinas Reales, Córdoba) y el Centro Albayzín (Granada), que suman un montante global de cerca de 2,3 millones de euros, en concreto 2.296.171 euros.
Según indica la Consejería en una nota, el pago tramitado este miércoles corresponde al 75 por ciento de la subvención de 2013, concretamente 590.493 euros en el caso onubense, 1.039.939 euros en el caso del centro cordobés y 665.739 euros en lo referente al consorcio granadino. Con esto los centros formativos "se ponen al corriente en el cobro de las nóminas".
Los trabajadores de los centros de Cemer y Albayzín han mantenido encierros y protestas hasta el pasado martes, cuando decidieron levantar las acciones ante las promesas de pago. El centro de Islantilla también llevó a cabo movilizaciones hace varios meses.
La Consejería, que ya abonado las nóminas de los consorcios de Hostelería de Cádiz y Gelves (Sevilla), asegura que sigue trabajando para abonar en los próximos días los pagos pendientes al resto de los consorcios escuelas de Formación Profesional para el Empleo.
La Consejería ha explicado que desde que asumió las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo "se han implantado medidas de rigor y transparencia en su gestión, entre otras, la no exceptuación para aquellas entidades que tengan expedientes pendientes de justificación así como, la aplicación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía".
Asegura que "todos los expedientes se han tramitado conforme a los criterios de control establecidos por la Intervención de la Junta de Andalucía, para garantizar el buen fin de los fondos públicos dedicados a la formación".
NUEVO MODELO
Por otra parte,* una vez regularizada la situación de dichos consorcios, la Junta ha puesto en marcha un nuevo modelo "que garantiza tanto la estabilidad de sus trabajadores como el buen servicio público formativo que han venido prestando y por el que son un referente y asegurando la formación desde lo público de la forma más eficiente".
Así, no van a depender, como hasta ahora, de una subvención anual, es decir, se aprovecharán las economías de escala, el conjunto de recursos públicos que se pondrán a su disposición y se promoverán acuerdos de colaboración con el sector privado que garantice su posterior empleabilidad.
El pasado 21 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó las dos normas que sientan las bases del nuevo modelo. La primera de ellas es un acuerdo que autoriza la disolución de los consorcios y la segunda un decreto ley que transforma el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos en la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (Apaef), con el fin de que el nuevo organismo pueda asumir la gestión de la formación.
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