Unas trescientas personas acudieron a las puertas del Hotel Santa María, punto de encuentro de las mesas, para dejar patente su malestar, exigiendo una respuesta clara a sus demandas ante la sorpresa de quienes a esa hora accedían hasta el establecimiento hotelero y de las mismas fuerzas de seguridad, que tuvieron que cortar al tráfico parte de la calle Valdés hasta Aurora desde Bajamar. La misma Policía Local advirtió de la concentración a la Nacional, que envió al lugar a una unidad del UPR (prevención y reacción) para intentar despejar a los concentrados, advirtiéndoles que no tenían autorización para permanecer en la calle. Sin embargo, no hubo lugar al desalojo ya que los concentrados mantuvieron la tranquilidad en todo momento. Con toda probabilidad serán sancionados administrativamente, aunque es una decisión que adoptará la Subdelegación del Gobierno una vez reciba el informe de la Policía Nacional.
Dentro del establecimiento, la mesa quedaba constituida con presencia de distintos colectivos ciudadanos y asociaciones, con presencia mayoritaria de las dos plataformas que reúnen a los vecinos que viven en los diseminados, Fevema y Coave. La presencia de Ecologistas en Acción y otras asociaciones no es compartida por Coave, según explicaron sus representantes al término del encuentro, poniendo de manifiesto que sólo los afectados por las viviendas ilegales debían formar parte de esta mesa, o al menos de forma mayoritaria.
José Antonio de Castro explicó a los concentrados, que permanecieron durante las dos horas de la reunión, que Territorio y Ciudad insiste en que se legalizará “lo que sea legalizable”, y que en ese foro dejaron patente que si se ha construido ilegalmente ha sido porque “se ha consentido” y porque los políticos hicieron en su día “dejación de sus funciones”. En unos cuatro días los técnicos que llevan la mesa (como panelista figura el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Agustín Coca) entregarán un documento con lo hablado en este primer encuentro.
A raíz del mismo, se conocieron nuevos decretos emitidos por Urbanismo y se repartieron notas informativas de afectados por las multas coercitivas. Es el caso de Raquel R. que hizo público su caso asegurando en un comunicado que el 12 de mayo próximo procederá al derribo de su casa situada en Las Boneas y, además, tendrá que pagar 8.300 euros en concepto de multas coercitivas. Afirma que adopta esta decisión porque si sigue acumulando multas arruinaría su futuro y, en todo caso, lo hipotecaría.
Como curiosidad, los concentrados lanzaron pitidos y proclamas contra el alcalde, Enrique Moresco, quien acudía con miembros de su equipo de Gobierno al hotel donde el PP celebraba una asamblea informativa sobre la concentración por el empleo convocada para el próximo domingo en Cádiz. La concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, también se encontraba en el interior desde que sobre las cinco de la tarde se constituyese la otra mesa prevista de trabajo, la de movilidad. En las mismas no participan políticos.
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