Un auténtico mazazo, y como un jarro de agua fría, ha caído este viernes en el Golfo de Cádiz el anuncio realizado por sorpresa por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del cierre de la pesca de la sardina en aguas ibéricas del Atlántico -del Cantábrico al Golfo de Cádiz-, por constatar que se ha consumido la cuota de capturas de la especie, según ha informado en un comunicado.
La medida entra en vigor esta medianoche, a partir de las 00.00 horas, en las zonas VIIIc (Cantábrico noroeste, desde el País Vasco, en la desembocadura del Bidasoa, hasta Finisterre) y IXa, (parte española de Finisterre a frontera con Portugal, aguas portuguesas y el Golfo de Cádiz).
El cierre será tanto para los caladeros de España y de Portugal y para los buques de ambas banderas.
La Secretaría General de Pesca del Ministerio ha decidido el cierre tras constatar que España y Portugal "han consumido la cuota prevista por la regla de explotación para la totalidad del recurso", según el comunicado.
El Ministerio ha confiado en que la "gestión responsable" de la sardina, que se encuentra en mal estado biológico "permita en un futuro una mayor abundancia de cuota".
Además, el Gobierno valorará la incidencia del cierre y planteará a la Unión Europea (UE) la posibilidad de establecer medidas compensatorias para los buques y sus tripulaciones, mediante su inclusión en planes de gestión del Cantábrico noroeste y del Golfo de Cádiz.
"Con este gesto, las administraciones española y portuguesa entienden que se hace innecesario someter esta especie a un Total Admisible de Capturas (TAC) comunitario", según el Ministerio.
En la actualidad, la sardina no se rige por los TAC -los cupos que regulan la pesca en las aguas de la UE del Atlántico-.
El Gobierno ha recordado que España y Portugal elaboraron conjuntamente una regla de explotación, más favorable para la flota que la utilizada por el organismo científico ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar, siglas en inglés) en sus recomendaciones pero manteniendo principios de precaución.
Los científicos han alertado del mal estado de las existencias de sardina.
Esta regla de explotación fue incorporada al plan de gestión de la especie aprobado por el Ministerio en agosto de este año.
La necesidad de regular la sardina ha sido un asunto importante de discusión durante los últimos meses entre España y Portugal, en el que han estado implicadas las autonomías afectadas (Andalucía, País Vasco, Cantabria, Galicia y Asturias).
“TOTAL RECHAZO” DE ISLA CRISTINA Y PUNTA UMBRÍA
Los equipos de gobierno de Isla Cristina y Punta Umbría han mostrado su "total rechazo" a la resolución que ha emitido la Dirección General de Ordenación Pesquera, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por ello, representantes de ambos municipios, presididos por la alcaldesa María Luisa Faneca (PSOE) y Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), respectivamente, se han reunido este viernes con el sector de "forma urgente" para analizar "las graves consecuencias" que esta resolución tendrá en el sector pesquero, las industrias y las lonjas de los municipios afectados.
"Entre estas graves consecuencias está el inminente amarre de la flota (87 barcos pertenecen al Golfo de Cádiz) a partir de este viernes y el grave perjuicio económico que sufrirán cientos de familias así como el peligro que amenaza a las lonjas Pesqueras, ya que alguna de ellas incluso podrían cerrar, y los efectos negativos del mismo en las industrias auxiliares, como por ejemplo, las conserveras o los astilleros", aseguran desde el Ayuntamiento de Punta en una nota.
Según ha declarado la alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca, se trata de "un nuevo despropósito del Gobierno de la Nación que tendrá unas consecuencias muy perjudiciales para la economía de los municipios del Golfo de Cádiz". Faneca ha insistido en que "en estos momentos tenemos que estar todos unidos y no podemos permitir que los barcos se queden amarrados y exigir una solución a este Gobierno".
Por su parte, el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, ha recalcado que "no vamos a consentir que el Gobierno central hunda al sector pesquero de nuestro pueblo, que bastante ha pasado ya este año con la cuota del boquerón y las toxinas de la chirla". Así, ha subrayado que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante lo que consideramos un despropósito y una injusticia, que nos condena al cierre". De ahí que haya hecho hincapié en que siempre estará "de la mano de los marineros y armadores puntaumbrieños, a los que insisto que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar esta barbarie".
Desde ambos municipios se ha recordado igualmente que "esta medida es innecesaria" ya que como se ha reiterado en múltiples ocasiones, ya en el año 2004 los barcos del Golfo de Cádiz aprueban un Plan de Gestión para la modalidad de cerco en el que se contempla no capturar más de 3.000 kilos de sardina y 3.000 kilos de boquerones por día y barco, unas medidas que se tomaron para "la sostenibilidad de recursos y del caladero, por ello en este caladero la pesquería se mantiene constante".
El cierre de la pesquería de la sardina será efectivo a partir de las 00,00 horas de este sábado, día 20, una vez que se ha agotado el Total Asumible de Capturas (TAC) contemplado en el Plan de Gestión de la Sardina publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de agosto. Un plan que, como se recuerda desde la Junta, contó desde el primer momento de su tramitación, con el rechazo del sector pesquero del cerco del Golfo de Cádiz y de la Consejería de Agricultura. "El sector propuso alegaciones al Ministerio que nunca fueron tenidas en cuenta", concluyen.
ANDALUCÍA SE OPONE AL CIERRE
Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha rechazado este viernes, en un comunicado, el cierre y ha criticado la decisión.
La consejera de Agricultura y Pesca andaluza, Elena Víboras, ha pedido un plan alternativo que impida que los barcos tengan que permanecer amarrados a puerto, en una conversación con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, según el comunicado.
"El Ministerio tiene la obligación de dar soluciones para impedir que, como consecuencia de un plan que impuso con el rechazo del sector, condene al desempleo a más de 900 pescadores y cause un drástico daño a la economía de los puertos pesqueros, que ya atraviesan muchas dificultades", según Víboras.
La Junta ha señalado que dicho plan "fue decidido unilateralmente por el Ministerio y contó, desde el primer momento de su tramitación, con el rechazo del sector pesquero del cerco del Golfo de Cádiz y de la Consejería de Agricultura andaluza", según la misma fuente.
La consejera ha afirmado que el sector propuso al Ministerio un plan alternativo que fue rechazado.
La flota de cerco del Golfo de Cádiz está constituida por 87 buques de Cádiz y de Huelva, repartidos en los puertos de Barbate, Isla Cristina, Punta Umbría y Bonanza, en los que trabajan en torno a 910 tripulantes.
Estos navíos también capturan boquerón y con esta especie, según el comunicado, ya tienen "dificultades" porque la cantidad que les corresponde por buque es "insuficiente" para garantizarles rentabilidad.
Por ello, según la Junta, el cierre de la pesca de la sardina "obliga al amarre de la flota, con el consiguiente riesgo para los pescadores de quedar en paro" y, además, perjudicaría a la industria auxiliar (fabricación de hielo, efectos navales, astilleros o empresas conserveras).
“DESASTRE ECONÓMICO” PARA EL SECTOR
Finalmente la secretaria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del PSOE, María Luisa Faneca, considera que el cierre es "un desastre económico" para el sector pesquero.
En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de asistir a las jornadas 'Perspectivas de futuro de las cajas rurales y su continuidad en el sector agrario, con arreglo al nuevo marco normativo', Faneca ha criticado la decisión.
Una decisión que se justifica en el hecho de que las 22.000 toneladas de captura permitidas por la Unión Europea están agotadas, algo que ha negado la dirigente socialista, fundamentalmente en lo que refiere al Golfo de Cádiz.
En este caladero "sí hay sardinas porque en Andalucía se han hecho las cosas bien" ha manifestado Faneca.
Ha asegurado que la noticia ha caído como "una bomba" en los municipios pesqueros, entre ellos Isla Cristina, del que es alcaldesa, porque en muchos de ellos es este sector el que está "manteniendo el empleo y está trayendo algo de economía".
También se ha referido a esta decisión el portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, quien considera que "hay una situación de cierta superación por parte del Ministerio sobre la ordenación del caladero en nuestro entorno" y "una debilidad muy grande" en la capacidad de expresión del Gobierno central ante Bruselas.
"Parece que el Gobierno está más preocupado por colocar a Miguel Arias Cañete y a Luis de Guindos que por resolver los problemas de la gente de la mar y del campo en Andalucía" y con esta actitud "está debilitando" la posición de España y está tomando decisiones muy perjudiciales contra los intereses de los agricultores", ha concluido Jiménez.
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