Si Benabat ponía la duda sobre la legalidad del proceso, señalando a que uno de los mayores accionistas de SCI, Pedro Vilarroel está siendo investigado por presunta malversación de Fondos en su gestión en la U.D. Levante, ayer el concejal de economía y Hacienda, Juan Carlos Adame defendió en un comunicado “la absoluta legalidad de todo el proceso administrativo que se ha llevado a cabo por la Mesa de Contratación para la adjudicación del servicio” a SCI.
Por otro lado, Benabat advirtió de que el capital social de SCI era de 6.000 euros, mientras que la cantidad que esta empresa tendría que recaudar en Huelva es de 111,5 millones, por lo que se preguntó “¿Qué tipo de solvencia tiene esta empresa?”. Ante esto, Adame aseguró que la empresa reúne “todos y cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones”, así como defendió que la empresa adjudicataria “no cuenta, como dice el PSOE, con un capital social de 6.000 euros, sino que este capital asciende a 4.026.700 euros, ya que el 16 de diciembre de 2008, se produjo una ampliación del mismo”.
De otra parte, Juan Carlos Adame ha insistido “en la total solvencia de esta empresa, como lo demuestran la cifras de su volumen de negocio que en 2.007 ascendió a 9.955.255 euros, y el número de sus empleados que se eleva a 155”.
Por último, el concejal de Economía y Hacienda quiso aclarar que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Huelva “ debería de informarse antes de hablar, ya que esta empresa presta servicios en nuestro país a 22 instituciones, entre ellas a 20 ayuntamientos como los de Bilbao, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Vigo, Talavera de la Reina y Toledo, estos tres últimos gobernados por el PSOE”.
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