“Estamos hartos de que nos dé una callada como respuesta” afirma el portavoz de los vecinos de las 73 VPO, Ángel Ruiz.
Los vecinos de estas viviendas de protección oficial, llevan solicitando desde hace varios meses, "incluso más de uno año" una reunión con el alcalde de Vejer, José Ortiz, pero, según Ruiz "tenemos la callada por respuesta".En este sentido, señala que “los vecinos de las 73 VPO, denunciamos que el alcalde nos ignore antes nuestras demandas al entender que se están conculcando nuestros derechos entendiendo que su silencio ante nuestros escritos y solicitudes de entrevista en consecuencia de no tener la conciencia muy tranquila y no saber que decirnos”. Al respecto argumenta que “durante mas de un año, nos hemos dirigido al alcalde de Vejer, por escrito y verbalmente, para mostrarle nuestra disconformidad con la apertura de viviendas tuteladas en nuestra urbanización, teniendo la callada por respuesta. Hoy, el conjunto de familias que allí vivimos seguimos con la misma inquietud e incertidumbre, al entender que los procedimientos seguidos no son correctos y atenta contra nuestros derechos como vecinos” añadiendo que “nos resulta sorprendente cuando, el las reuniones de hace un año, nos dijo el alcalde, que todo se iba a arreglar en referencia a la ocupación de viviendas por personas discapacitadas síquicas y se comprometió a buscar una ubicación mas idóneas. Casi dos años después no tenemos noticias” por ello les resulta “más extraño su doble opinión, una para nosotros y otra distinta para la asociación de padres del centro del Carmen, sólo para querer quedar bien con todos, en uso de una hipocresía y falsedad sin límite, consiguiendo sólo el enfrentamiento entre las partes, demostrando una actitud irresponsable y poco ética”.
Asimismo, los vecinos de las 73VPO de Vejer señalan que “hemos comprobado que las obras de adaptación y adecuación de las citadas viviendas tuteladas se iniciaron sin la preceptiva autorización, como bien se desprende del escrito que firma el propio concejal de Urbanismo [Daniel Sánchez], que describe que las obras carecían de licencia de Obra, por lo que el Ayuntamiento ha sido cómplice en este hecho, sobre todo porque no consta que además, podrían deducirse que se ha incurrido en una manifiesta irregularidad”.
Por otra parte, quieren dejar bien claro que “no se volviera a mal interpretar nuestra posición que, para nada es contraria a que se atienda una demanda de un determinado colectivo de personas discapacitadas psíquicas lo que únicamente exigimos es que su funcionamiento no afecte a terceros” señalando que “además, tenemos conocimientos que las viviendas tuteladas estaban previstas ubicar en dos inmuebles municipales que se han rehabilitaron para tal fin, hace varios años en la calle Miralles sin que conozcamos las razones que le condujo al alcalde a cambiarla de lugar, y si es que esas viviendas estaban en mal estado como han hecho creer a todo el mundo, porque fuero adjudicadas a sendas familias que quienes las ocupan actualmente”.
Por último, señala Ruiz, en nombre de los vecinos de las 73 VPO que “llegaremos hasta el final para aclarar la verdad de un hecho turbio provocado por el Sr. Ortiz”
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