El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de varios pisos y plazas de aparcamiento, un coche, un ciclomotor y de todas las cuentas bancarias propiedad del exsecretario general de Hacienda de la Junta entre los años 2000 y 2004 Antonio Estepa a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 8,8 millones que le impuso la juez.
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla explica que, tras ofrecerle un plazo de diez días para designar bienes de su propiedad en los que trabar embargo, el imputado ofreció en garantía seis bienes inmuebles --tres fincas urbanas, dos garajes y un trastero-- y dos vehículos.
De este modo, el Juzgado embarga al exalto cargo un coche marca BMW 320D, un ciclomotor, un piso y una plaza de garaje en la capital hispalense, así como el 50 por ciento del pleno dominio de una finca y de una plaza de garaje ubicadas en Zahara de los Atunes (Cádiz).
Asimismo, decreta el embargo del 50 por ciento del pleno dominio de un trastero ubicado en esta localidad gaditana y la octava parte indivisa de una finca en Puente Genil (Córdoba), mientras que también le embarga todos sus saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
El Juzgado, no obstante, considera que estos bienes no son "suficientes" para cubrir la fianza civil impuesta dadas "las cantidades que se le exige", por lo que acuerda llevar a cabo la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial (CGPJ).
EL IMPUTADO RECURRE LA FIANZA CIVIL POR "DESORBITADA"
El exalto cargo recurrió la fianza civil impuesta ante la Audiencia Provincial de Sevilla por "desorbitada" y "extraordinariamente gravosa", alegando que "la posibilidad de que en su día pudiera dictarse una sentencia en esta causa que condenase a mi representado y que además le impusiera una responsabilidad civil de tan elevada cuantía se puede calificar como remota, dada la presencia absolutamente tangencial, cuando no inexistente", del imputado en relación a los hechos.
A ello se suma que, en el presente caso, "no existe riesgo alguno de que pueda devenir insolvente y, en consecuencia, pueda dejar de satisfacer las responsabilidades pecuniarias que en su día pudiesen acordarse en sentencia", según expone el abogado del imputado en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press.
De este modo, señala que Estepa es inspector de Hacienda y, como funcionario público, los ingresos que percibe "son de fácil acreditación y persecución", precisando que su patrimonio se integra por una vivienda de 90 metros cuadrados en Sevilla sobre la que pesa una hipoteca de 220.000 euros, el 50 por ciento de un apartamento en Zahara de los Atunes (Cádiz), un coche y una motocicleta.
La constancia de estos bienes en registros públicos "hace inviable su ocultación y, en consecuencia, innecesario su aseguramiento mediante una medida cautelar tan importante como la adoptada", añadiendo que, en el auto, la juez "no refiere circunstancia alguna que aconseje la rápida puesta en marcha de una medida cautelar como la que se interesa para evitar un riesgo de insolvencia no concretado".
"EXCESO INJUSTIFICADO"
Por todo ello, "es claro que la fianza impuesta resulta desorbitada y vulnera el principio de proporcionalidad, hasta el punto de que su cuantificación carece por completo de sustento en la realidad de los hechos objeto de la investigación en lo que a mi representado se refiere", por lo que pide a la Audiencia que deje sin efecto la fianza impuesta a Estepa.
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