Además, el concejal de IU ha señalado que dentro de la propuesta se incluye que desde el Consejo Local de Medio Ambiente se articulen y coordinen los mecanismos y órganos necesarios de participación ciudadana (mesas de participación), que sea un ejemplo de recuperación de un espacio a través de la participación. Incorporando a todo este proceso de participación a las distintas administraciones (Estado, comunidad andaluza y provincial), para que desde la colaboración institucional se garantice la financiación del proyecto
Es importante señalar, ha apostillado Joaquín Del Valle, que la instalación del Rancho de La Bola cesó su actividad en torno al año 1989, y a partir de ahí se inicia un proceso que plantea la recuperación de la zona para su uso público. Alrededor de 1997, ante la situación de abandono en la que se encuentra la finca, se inicia un periodo más activo en el que IU empieza a solicitar al Gobierno municipal más implicación en la propuesta. Se comienza a hacer gestiones a otros niveles y se traslada por parte de Izquierda Unida el asunto al Congreso de los Diputados en el que se solicita respuesta sobre las previsiones del Ministerio de Defensa acerca del Rancho de la Bola, y en la que dicho Ministerio no se pronuncia de manera clara respecto al interés que pueda tener la zona.
Del Valle ha recordado que “debemos considerar que el Gobierno central, a través del Ministerio de Defensa, tiene una deuda pendiente con las jerezanas y jerezanos, que es la de compensar el negocio de suelo que hizo en Jerez con los cuarteles”. Ya en el pleno de 28 de noviembre de 1997, cuando se debatía la ratificación del convenio sobre los acuartelamientos suscrito con la Gerencia de Infraestructuras de Defensa, IU fue clara al señalar que “la lucha de la plataforma ha sido esencial para que el robo de los 1.300 millones de pesetas no se ha haya podido realizar, pero sí el de en torno a 800 millones. No obstante, por la bajada de la cantidad económica el robo no deja de serlo y por lo tanto no puede ser aprobado por nosotros”.
Por todo lo anterior, IULV-CA entiende que “durante estos años ha quedado más que justificada la necesidad de integrar dicho espacio al patrimonio público. Su proximidad al río Guadalete es de especial importancia por su carácter histórico y nos brinda un amplio abanico de oportunidades de uso social, educativo, ambiental, lúdico, agrícola, empleo..., a las que no debemos renunciar”.
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