La sección sindical se ratificó en las críticas vertidas hace un par de semanas hacia el Consistorio gaditano y volvió a exigir la apertura de una investigación para “depurar responsabilidades”, al considerar “vergonzoso” que “administraciones públicas utilicen un programa de inserción laboral, cuyo objetivo sería hacerle frente a la crisis en sectores especialmente afectados como la construcción, para permitir que se desarrollen actividades de peones en profesiones como carpintería, pintura y otros oficios similares, no teniendo nada que ver los demandantes con esos gremios”.
Igualmente, el SAT reiteró su denuncia sobre el método de asignación directa emprendido por las administraciones involucradas. Y culpó a la alcaldesa, Teófila Martínez, de “caer en la misma piedra”, al entender que “estamos ante una clara cesión ilegal de trabajadores”, ya que el Área de Fomento “no tiene nada que ver en materia de contratación y el Gobierno local no puede utilizarla como trampolín de contratación para desarrollar sus funciones en las dependencias municipales”. De ahí que haya presentado una denuncia ante Magistratura por una supuesta vulneración del Estatuto de los Trabajadores.
Por su parte, el Ayuntamiento no aclaró ayer si ha interpuesto otra demanda contra el sindicato, después de asegurar que lo haría si el SAT no rectificaba sus declaraciones, lo que no ha ocurrido. En cambio, sí insistió en que no ha realizado proceso de selección alguno y que sólo ha contratado a las personas designadas por el Servicio Andaluz de Empleo
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