El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado respecto de lo ocurrido este miércoles a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde sindicalistas increparon a la instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos".
Igualmente, ha indicado que "asegurar la independencia de actuación y la seguridad de los miembros del Poder Judicial" es un terreno en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "dirá lo que estime procedente". Para el fiscal general, con lo ocurrido ayer en Sevilla "se sobrepasaron los límites".
"Pero estoy absolutamente seguro que cualquier miembro del poder judicial como de la Fiscalía puede resultar afectado por esas situaciones -ha añadido-, pero en modo alguno va a tener ningún tipo de consideración respecto a las decisiones que estoy seguro que la señora juez instructora seguirá tomando con la objetividad, la imparcialidad, distanciamiento y sujeción a la legalidad".
Momentos antes de hacer entrega de la última Memoria de la Fiscalía al presidente del Senado, Pío García-Escudero, Torres-Dulce ha indicado a preguntas de los periodistas que "con todo el respeto que puede significar que una institución tan importante como un sindicato manifieste su opinión, si la estima crítica contra cualquier actuación judicial" no puede sino "rechazar terminantemente la forma en la que se llevó a cabo".
Torres-Dulce criticó que miembros de UGT manifestaran su crítica en sede judicial "ante una autoridad judicial que está investigando con la independencia y la imparcialidad necesaria, exigible y constitucionalmente impuesta del Poder Judicial".
Para el fiscal general "cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación", si bien está seguro de que, en este caso, no se va a afectar "ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad" de la instructora del caso de los "ERE" en Andalucía, ha insistido.
"SE SOBREPASARON LÍMITES"
A su juicio, la forma de "establecer críticas o disidencias hacia decisiones judiciales en modo alguno deben sobrepasar ciertos límites que, muy posiblemente, se sobrepasaron ayer en Sevilla".
Por su parte, fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press han recordado que la juez Alaya ya ha sido amparada por esta institución en varias ocasiones, en relación con críticas vertidas contra su labor por representantes políticos.
Las mismas fuentes añaden que lo ocurrido este jueves, con increpaciones personales por parte de sindicalistas a las puertas del juzgado, puede ser denunciado por la propia Alaya y por la Fiscalía, como han hecho algunos políticos sometidos a "escraches", si bien no parece que sea materia suceptible de amparo formal por parte del órgano de gobierno de los jueces.
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