La Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mostrado su rechazo a las "actitudes cercanas al acoso" y a las "injustificables descalificaciones personales" dirigidas a la juez Mercedes Alaya, por miembros de CCOO y UGT con motivo de la puesta a disposición judicial de los sindicalistas detenidos en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta.
Así lo expresa la Sala del Gobierno del TSJA en un comunicado hecho público este viernes "ante los incidentes ocurridos en la sede de los Juzgados de Sevilla" y en el que señala que "las actitudes cercanas al acoso a una autoridad judicial que han quedado constatadas en los medios de comunicación, así como las injustificables descalificaciones personales dirigidas contra la misma, revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho, entre las que se encuentra la independencia judicial y su respeto frente a todo tipo de presiones".
Junto a ello, el alto tribunal recuerda que "el procedimiento penal tiene cauces suficientes y adecuados para garantizar la defensa de las personas investigadas en una causa penal y manifestar, en su caso, la discrepancia o crítica con cualquier decisión judicial".
TORRES-DULCE: "SE SOBREPASARON LOS LÍMITES"
Al hilo de estos hechos, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya ha señalado que con lo ocurrido ayer en los juzgados de Sevilla, donde los sindicalistas gritaron consignas como 'Alaya pepera, métete en la lechera', "se sobrepasaron los límites" y ha indicado que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos".
Por su parte, fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press han recordado que la juez Alaya ya ha sido amparada por esta institución en varias ocasiones, en relación con críticas vertidas contra su labor por representantes políticos.
Las mismas fuentes añaden que lo ocurrido este jueves, con increpaciones personales por parte de sindicalistas a las puertas del juzgado, puede ser denunciado por la propia Alaya y por la Fiscalía, como han hecho algunos políticos sometidos a "escraches", si bien no parece que sea materia susceptible de amparo formal por parte del órgano de gobierno de los jueces.
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