La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputados sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que, tras comunicarle los hechos que le imputa, ha comenzado el interrogatorio de la juez Mercedes Alaya a la imputada en un ambiente de "tranquilidad" y "plenamente normal, sin tensión alguna".
La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Magdalena Álvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que "es una transposición de normas españolas" y que "ya existía" en otras comunidades autónomas españolas.
Según las fuentes, la imputada está contestando 'no' a la mayoría de las preguntas de la magistrada.
EL AUTO DE IMPUTACIÓN
En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".
La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.
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