La jueza Alaya eligió otra vez una fecha singular en el calendario político y enturbió la toma de posesión del primer Gobierno de Susana Díaz, apenas consumado el relevo de Griñán para liberar a la Junta de la alargada sombra de los ERE, al dictar un auto en el que abre la vía para imputar en el caso a los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros Viera, Vallejo, Ávila, Martínez Aguayo y Recio, todos los cuales son aforados. La magistrada, que de paso asesta otro golpe al PSOE, trata de resolver así la cuadratura del círculo en que se hallaba envuelta: cómo evitar la discriminación entre los presuntos implicados ya imputados por carecer de fuero jurídico y los no imputados por ser aforados, imputando a estos últimos pero manteniendo el control de la causa sin elevarla a tribunales superiores hasta el último minuto. Para ello, remitiéndose a un pronunciamiento estival de la Audiencia de Sevilla, se vale de su interpretación de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal al entender que no basta con la mera imputación formal de un aforado para suspender la instrucción y remitir la causa al órgano superior correspondiente. El procedimiento es tan ‘sui generis’ que la Fiscalía Anticorrupción ya estudia un posible recurso, porque la jueza ha acabado creando la figura del aforado pre-imputado con derecho voluntario a defensa para evitar así cualquier atisbo de nulidad. La madeja se enreda aún más.
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