Espadas, que ante estas críticas recordó a los que se opusieron al endurecimiento de las normas urbanísticas a partir de 2002 con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y con el Plan de Ordenación Territorial (POTA), explicó que desde ese año la Axarquía malagueña ha tenido un incremento de la población del 60%, localizados en su mayoría en diseminados, por lo que se han tramitado desde entonces casi 800 denuncias en esta comarca.
Consideró falsas las acusaciones de los ecologistas de que no se hayan tramitadas sus denuncias puesto que desde que entrara en vigor la LOUA se han iniciado 85 contenciosos-administrativos ante la Justicia para impugnar licencias municipales, mientras que en el caso de la localidad de Alcaucín, sólo en 2004 se impugnaron 17 licencias, más otros 28 procedimientos abiertos en los últimos años.
Espadas recordó que el control de las obras en el municipio entra dentro de la disciplina urbanística local y es un problema más administrativo que penal, mientras que las competencias de la Junta se centran en las edificaciones que se realizan en zonas de valor ecológico o que están dentro de la protección territorial.
Así, reiteró que con instrumentos jurídicos como la LOUA y el POTA, y la coordinación con jueces y fiscales se está actuando en el control urbanístico, aunque reconoció que en ocasiones la justicia no respalda las actuaciones de la Junta y lamentó que se den “poquísimas” sentencias para derribar lo construido.
Arenas ve a Chaves responsable político
A pesar de estas explicaciones, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer en el Parlamento que su partido pedirá un pleno extraordinario para abordar los casos de corrupción urbanística y consideró que la Junta y su presidente, Manuel Chaves, tienen una “clarísima responsabilidad política” ante estos hechos.
También lamentó la “impunidad” de los socialistas en casos de corrupción municipal, después de que el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín, saliera de su vivienda sin esposas y dando abrazos a los vecinos, algo que no ocurre con los dirigentes municipales del PP que se han visto implicados en casos similares.
Mientras, el alcalde de Alcaucín permanece en las dependencias de la Guardia Civil de Málaga hasta que sea puesto a disposición judicial -se prevé que sea mañana lunes- después de que el viernes fuera detenido, junto con otras doce personas, tras una investigación judicial que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.
En cuanto a los otros detenidos, ayer fue puesta en libertad la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, ambos detenidos, al igual que dos de las hijas del alcalde, el dueño de una asesoría jurídico-fiscal, y varios promotores y constructores.
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