Andalucía

Pardo abre el juicio asegurando que no existió falsedad documental sino expedientes "partidos"

El contratista José Pardo fue el encargado de abrir ayer la ronda de declaraciones de los acusados con motivo del primer día de celebración del juicio en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena destapado por el PA en 2005

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  • Los acusados en el juicio de las facturas falsas -
El contratista José Pardo abrió ayer la ronda de declaraciones de los acusados con motivo del primer día de celebración del juicio en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena destapado por el Partido Andalucista en 2005 -contra el propio Pardo, el ex secretario del distrito, José Marín, y el colaborador municipal Manuel Portela- señalando que no existió falsedad documental ni duplicación de facturas, sino expedientes de obras "partidos". 


En concreto, el Ministerio Público expresó su petición, por los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos, cinco años y tres meses de cárcel para Marín; cuatro años y tres meses para Pardo; y un año y cinco meses para Portela. 


La sesión se abrió con los alegatos de las partes, en los que el fiscal de la vista, Antonio Ocaña, dio cuenta de su intención de retirar uno de los delitos de falsedad documental atribuidos a Marín por considerar que tratan de irregularidades "administrativas" que "no tienen suficiente entidad" -en el sentido de que el presupuesto aparecía a veces como anterior a la solicitud de obra o posterior al inicio y sin constar a veces la fecha de la solicitud, fecha de inicio o de terminación-, por lo cual aseveró que, de los 21 meses de prisión solicitados por ello, dejará su petición en un año. 


Ocaña acusó al contratista en sus consideraciones previas de "suplantación" en la documentación de su empresa, a fin de obtener contrataciones de caracter urgente para beneficio propio, y a Marín de añadir el nombre de Pardo en los cheques de pago de obras a favor de la empresa Construcciones y Obras de Sevilla (COS), afirmaciones que fueron refutadas por los letrados de la defensa bajo los argumentos de la falta de intencionalidad y lo "inocuo" de la falsedad, que podría derivarse de un error. 


En cuanto a la declaración de Pardo, éste aseguró, a preguntas del fiscal, que su relación con Marín era profesional y que tanto a éste como a Portela, a quien "no veía con misión de control de obras", los conoció a raíz de las contrataciones que llevaba a cabo el distrito a partir de 2001 para con COS, de la cual él se encargaba "de la parte administrativa", aunque aseverando que "hasta que la empresa cerró no hay nada que no esté firmado por mí". 


A una cuestión del Ministerio Fiscal sobre el cese de la actividad de la empresa a finales del año 2002, el contratista aseguró que ésta siguió más allá de este ejercicio, habiéndose registrado incluso una sentencia en 2005 -año de su cierre definitivo- por parte de los Juzgados de lo Social por conflictos con los trabajadores de COS, de la que se exoneraba de responsabilidad a Pardo y a su socio, Jesús Barrera. 


Sobre las supuestas diferencias detectadas en documentos de la empresa, en algunos de los que se cambió datos como el domicilio social -de la calle Almadén de la Plata, en el Retiro Obrero, a la avenida Medina y Galnares, en San Jerónimo-, el teléfono o el e-mail, aseguró que ello era "para facilitar el trabajo a los proveedores". 


Obras paralizadas en dos ocasiones 


En cuanto a la presencia de recibos que la Fiscalía entiende como facturas duplicadas "con diferente modo de describir la misma obra a realizar y no ejecutada", concretando en los conceptos de "demolición de módulos frente a la barriada de Las Almenas" y "demolición de módulos en plaza de la iglesia de la barriada de San Diego" -con un presupuesto global de 4.796 euros-, Pardo declaró que estas obras "no se llegaron a ejecutar" en dos ocasiones -una, por la presencia de material que imposibilitaba la labor, y otra, por la oposición vecinal-, razón por la cual se puso en contacto con el distrito para comunicarlo. 


Posteriormente, según su versión, Portela, en representación del Distrito Macarena, "me dijo que la obra se paraba y no se hacía", a pesar de lo cual COS presentó justificante por gastos producidos, tales como el desplazamiento de maquinaria, personal o adquisición de materiales. 


La explicación de Pardo a la existencia de facturas por conceptos similares está en que al superar el importe máximo permitido para un expediente de obra menor -calificación que se habría adoptado para acelerar los trabajos-, ésta, en el caso de los chamizos de San Diego, está "partida en dos", con una fragmentación realizada según el criterio del propio Distrito Macarena. Con respecto a la inclusión de su nombre en los cheques de pago, el contratista subrayó que ello fue una "posibilidad" ofrecida por el distrito para evitar problemas de índole bancaria. 


Con respecto a otras obras que el Ministerio Público considera parcialmente ejecutadas, expuso que, en unos casos, se han realizado obras posteriores que impiden concretar la actuación anterior, mientras que en otros apuntó a un error de "ubicación". 


Un simple mecánico sin titulación 


Posteriormente llegó el turno de la declaración de Portela, que explicó su labor en el distrito como la de un "colaborador" integrado en el año 2000 por un llamamiento del por entonces delegado, el socialista Carmelo Gómez, con una labor "voluntaria" por la que no cobraba, aunque el Ayuntamiento sí le ingresaba con posterioridad cantidades en concepto de desplazamientos y dietas. El posterior delegado de distrito, José Antonio García -que fue exculpado del caso-, le pidió que se quedara "por amistad", puesto que ambos se conocían de su etapa en la sección sindical de UGT de Fasa-Renault. 


En este sentido, aseguró no conocer a Marín y a Pardo "más que de vista y de estar por el distrito", y recalcó que su labor se limitaba a enlazar entre asociaciones de vecinos y empresas, con ocasionales visitas a las barriadas. "Nunca he cogido una factura ni un presupuesto", especificó. 


Portela negó cualquier conocimiento sobre las adjudicaciones de obras ni sobre las posteriores justificaciones de éstas y añadió al respecto que él es "un simple mecánico sin titulación" y que no es "técnico" ni validaba la finalización de los trabajos. Asimismo, y con respecto a los módulos de Las Almenas, reconoció haber hablado con Marín de la imposibilidad de derribo, a petición de Pardo, si bien aseguró desconocer lo que sobrevino. 


Para hoy están previstas la declaración de José Marín y la convocatoria de declaración de los primeros testigos, que son el ex socio de Pardo, Jesús Barrera Cienfuegos, y la trabajadora de distrito María del Carmen Aragón. En los próximos días declararán los testigos y los peritos, que ofrecerán los detalles necesarios para que los miembros del jurado sigan comprendiendo y conformando el relato de hechos por los que los tres inculpados se sientan en el banquillo.

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