La concejala de IULV-CA en el Ayuntamiento de Nerva, Isabel Lancha, ha hecho público el posicionamiento del consejo comarcal de IU en la Cuenca Minera respecto a la posible apertura de la explotación minera de Riotinto.
Según ha informado IU en una nota, Lancha ha dicho que "Izquierda Unida siempre ha defendido la necesidad de la apertura de la mina con un proyecto serio, viable en todos los sentidos, que viniera de donde viniera, y que cumpla escrupulosamente con todos los requerimientos que se le exijan".
Además, Izquierda Unida en la Cuenca Minera reclama a la Junta de Andalucía que agilice los trámites de este proyecto, garantizando que se cumpla la legalidad vigente y que en caso de no hacerlo se ponga en marcha los mecanismos adecuados para buscar otro proyecto que "con seriedad" apueste por la apertura de la Mina de Riotinto acabando de una vez por toda con la incertidumbre existente en la comarca.
En este sentido, ha señalado que Izquierda Unida en la Cuenca Minera "se niega a que se siga especulando con la dramática situación de desempleo que sufre la comarca, donde hay más del 50 por ciento de paro, con más de 2.700 personas desempleadas".
Asimismo, ha criticado la postura del Partido Popular respecto al proyecto de la mina, "ya que lo está utilizando para engañar a la población y obtener réditos electoralistas con mensajes como los que hizo el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que llegó a prometer 1.500 empleos en la pasada campaña electoral al Parlamento andaluz".
También ha reclamado al PSOE que actúe "con seriedad" y le recuerda a los cargos públicos socialistas que "hasta ahora, siempre habían apostado únicamente por el proyecto de Emed Tartessus y no por la apertura de la actividad minera, acusando falsamente a Izquierda Unida de estar "en contra de la apertura de la mina y utilizando la misma para vender promesas vacías y aparecer en los medios de comunicación".
DERECHOS MINEROS
Por último, el Consejo Comarcal de IULV-CA en la Cuenca Minera también ha exigido al Gobierno central que devuelva los derechos mineros a la población y estos "no se den en propiedad a las empresas explotadoras, sino en forma de concesión administrativa por periodos de tiempo concretos que garanticen su carácter de patrimonio público".
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