Después de que el pasado lunes se paralizase el desalojo de las cinco viviendas de La Caridad, la entidad bancaria competente se puso en contacto con los vecinos afectados. “Se van a reunir con el abogado y, posteriormente, imagino que la próxima semana, se reunirán con nosotros”, explica Francisco López.
Esto para que, tal y como afirma el vecino, “intentar alcanzar una solución”, a la situación por la que están atravesando sus viviendas. Concretamente, una de las ellas pasaría por el alquiler con opción a compra. “Sabemos que es muy difícil contratar una hipoteca, por eso una de las soluciones pasaría por contratar un alquiler con opción a compra y cuando se normalice todo lo de la ordenanza del Ayuntamiento por el tema del suelo, normalizar la situación”, comenta el afectado.
Todo esto después de que el lunes con gritos de ¡Sí, se puede! y ¡Dimisión, Rajoy, de mi casa no me voy!, alrededor de un centenar de personas se concentraran en La Caridad, para evitar que se desalojara a estas cinco familias de sus viviendas, unas 18 personas.
Estas familias, residentes de las viviendas ubicadas en unos 3.000 metros cuadrados, recibieron el pasado día 4 de febrero una carta informándoles de que tenían que abandonar su vivienda en apenas dos semanas.
“El viernes presentamos un escrito en el juzgado de instrucción numero 5, explicando la situación, los títulos de propiedad que teníamos, los pagos que habíamos realizado, aunque ya el banco y el juzgado era conocedor de esos títulos, y este mismo lunes hemos recibido la noticia de que se paralizaba el desalojo”, explicaba Francisco López, uno de los cinco vecinos afectados.
Esta inmovilización del lanzamiento, como han destacado tanto los vecinos como miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se debe, “a la presión social que se ha hecho a través de los medios de comunicación y que han permitido que estas cinco familias puedan permanecer en sus casas”. Sin embargo, y tal y como ha concretado Lorenzo Barba, portavoz de esta plataforma, sin fecha. “El juzgado nos ha dicho que el lanzamiento del desalojo se ha paralizado, pero no se ha confirmado si puede haber o no otra fecha”.
Ahora, solo queda esperar la determinación del juez. “Hay por detrás muchos indicios de que hay estafa por parte del banco y por parte de los políticos, porque se supone que el terreno no es urbano, pero el alcalde dio permiso de obras y se empezaron a hacer las casas, pero con el cambio de gobierno se dice que el terreno no es urbanizable”, puntualiza Lorenzo Barba. Cabe recordar que, el terreno en el que se habían edificado las viviendas estaba clasificado en el Plan General como suelo urbano no consolidado, por lo que no se podían otorgar licencias de parcelación y de edificación.
A esto hay que sumar la circunstancia de que las familias, a pesar de haber firmado un contrato de compra-venta, no pudieron escriturar las viviendas. “Estuvimos detrás del constructor para que nos diera la hipoteca con el banco, fuimos al Ayuntamiento y nos dijeron que la primera ocupación no nos la podían dar porque era ilegal, pero nosotros cuando decidimos comprar la vivienda tenía el cartel de que era legal. Estuvimos esperando, pero no nos dieron la primera ocupación, por lo que no se podían escriturar las casas”, comenta Toñi.
En este sentido, Francisco afirma que “si el Ayuntamiento hubiera regularizado las viviendas esto no hubiera ocurrido”, con lo que le atribuyen parte de responsabilidad de su situación actual al Consistorio portuense.
La otra parte, en cambio, habría que asignarla a la entidad bancaria, en este caso Banesto, que, como señala el portavoz de la plataforma, “sabiendo que el promotor le debía dinero a la Seguridad Social y a Hacienda, siguió metiendo dinero y al final los perjudicados siempre somos los mismos”.
Ahora los vecinos confían en la próxima reunión donde puedan llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes.
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