La respuesta al respecto del Ayuntamiento supeditaba la adaptación a la normativa vigente a las posibilidades de la empresa adjudicataria del servicio. De ello se deduce -dice el PSOE- que el Ayuntamiento “antepone los intereses de una mercantil a los derechos de la ciudadanía, una actitud impropia de una administración”. López Gil recuerda que el Ayuntamiento debe respetar las leyes que protegen los derechos e intereses de los ciudadanos y velar por el bienestar social, en una palabra, “el gobierno tiene que solucionar los problemas de la gente, no crearles más de los que ya tienen”.
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