La tramitación y aprobación del ERE se ha convertido desde la campaña electoral para las autonómicas en arma letal, especialmente para los vecinos de la comarca minera, que asisten espantados a las acusaciones políticas publicadas en prensa. La sospecha predicada por el PSOE de que en la tramitación del ERE hubo irregularidades e incluso ilegalidades recae sobre el partido popular en perjuicio de la relación entre el PSOE e IU en la comarca minera. La posición de la asamblea de IU en Nerva ha sido clara y rotunda, calificando al PSOE de “miserable” en su forma de proceder con la franja pirítica. La asamblea local lanzó un comunicado de prensa el pasado día 2 de septiembre que ha tenido una amplísima repercusión en los medios de comunicación, nota que transcribimos literal:1.El “Acuerdo Marco para la aplicación de las medidas socio-laborales para la crisis de la Faja Pirítica de Huelva” firmado el 11 de septiembre de 2002 por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y las centrales sindicales CCOO y UGT, es resultado de las duras e intensas movilizaciones desarrolladas por los trabajadores de las empresas mineras de la provincia. Este Acuerdo impidió que se llegase a una situación de emergencia social para cientos de familias en la Cuenca Minera, que además hubiera llevado a un despoblamiento mucho más abrupto que el que sigue sufriendo en la actualidad. 2. Las posiciones mantenidas por el PSOE en la comisión de los ERE con res-pecto a la Faja Pirítica suponen un ataque directo y frontal contra los ex-mineros y contra la Cuenca Minera en su conjunto, al cuestionar la legalidad de los resultados del Acuerdo Marco de 2002. La actitud del PSOE es miserable al criminalizar a los antiguos trabajadores de las empresas mineras con tal de arremeter contra el PP. Además, esa actitud es completa-mente inaudita, en tanto que la Junta de Andalucía fue firmante de esos acuerdos y responsable de su aplicación –tanto como el gobierno central-.3. La tarea de IULV-CA debería haber sido la defensa de la completa legalidad de los resultados de la lucha de los trabajado-res. Sin embargo, la posición de IULV-CA en la Comisión ha sido la colaboración con el PSOE en el cuestionamiento de los Acuerdos de 2002, lo cual supone un error gravísimo de subordinación al PSOE y un ataque a la trayectoria histórica de Izquierda Unida en la Cuenca Minera, siempre vinculada al impulso de la movilización y a la defensa de los intereses de la clase trabajadora. 4. Por ello, IU-Nerva pide a la dirección andaluza de IULV-CA y al grupo parlamentario la rectificación pública de la línea mantenida en este asunto. La actual situación es ante todo de preocupación. La posibilidad de que salten intrusos en la comisión parlamentaria, mantiene al partido popular, al partido socialista, a los sindicatos y a los mineros en la más absoluta tensión. Los expedientes y vidas laborales de 796 mineros (prejubilados y pensionistas) están sobre la mesa para ser investigados por la juez Mercedes Alaya. Al parecer, el listado de beneficiarios que aparecen en la póliza 1.096 es el punto de mira de las investigaciones. A la hora de hacer esta póliza parece ser que hubo diferencias entre el listado de beneficiarios aportado por los sindicatos CCOO y UGT y el listado elaborado por la Seguridad Social. Estas diferencias fueron unificadas por Trabajo y consistían en excesos en las vidas laborales y en los coeficientes aplica-dos a algunos mineros incluidos en el ERE. Declaraciones de Carlos Estévez, (director general de la empresa por aquellos años) a un diario nacional, dispara las du-das sobre el procedimiento seguido. Tras denunciar públicamente su sospecha de que intencionadamente le habían robado el ordenador para obtener información privilegiada, dijo que "lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito delos ERE falsos de Riotinto, que me negué afirmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos, que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían trabajado en un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones insalubres de los mineros, pero pre-tendían aplicarlos a personal de oficina o de administración. Por negarme a firmar los expedientes tuve muchos problemas personales y políticos".
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