La Guardia Civil ha imputado a 10 personas, entre los que se encuentran un promotor, arquitectos, cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) y tres dependientes de la Junta de Andalucía por, al parecer, estar relacionados con la construcción de forma ilegal de un apartahotel en e este municipio malagueño.
La operación 'Minas', relacionada con la construcción de un apartahotel durante 2005 en la zona denominada 'Monte Alto', comenzó en 2009 a raíz de una información aportada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, que, tras realizar una inspección rutinaria, pudieron comprobar que se había construido un inmueble, supuestamente para ser utilizado como establecimiento hotelero.
No obstante, a simple vista los agentes apreciaron que una parte de la citada construcción podría estar invadiendo zonas verdes, según han informado desde la Guardia Civil a través de un comunicado.
Por ello, se realizaron comprobaciones más exhaustivas y se confirmó que el inmueble no disponía de los elementos necesarios para ser utilizado como complejo hotelero, ya que, al parecer, carecía de un recinto adecuado para la recepción de clientes y, por el contrario, su aspecto se asimilaba más a un complejo estándar de viviendas, similar al de las edificaciones de su entorno.
Tras los hechos, se procedió a solicitar información al Ayuntamiento de Benalmádena, relacionada con la documentación del expediente urbanístico del referido apartahotel, mientras que, por otro lado, se confirmó la interposición de una demanda por parte de una comunidad de propietarios de la zona.
Además, se emitió fallo judicial anulando la licencia concedida, siendo el argumento que la construcción "no respetaba los parámetros establecidos de edificabilidad para este tipo de complejos, llegando a constar en dicho procedimiento un informe técnico municipal confirmando que se había edificado en una zona verde".
También del análisis efectuado sobre la documentación recopilada en la investigación se determinó la línea de actuación de los imputados en tres direcciones.
En concreto, en la primera de ellas se encontraría la actuación del promotor y arquitectos redactores, "falseando el proyecto sobre el techo de viviendas e instalaciones necesarias, así como la reserva de plazas de aparcamientos".
En segundo lugar, la línea de actuación de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena, en relación con la tramitación del expediente urbanístico, "sin realizar las comprobaciones previas a la ejecución de las actuaciones, consiguiendo que se tramitara y se concediera una licencia urbanística en el plazo récord de tres días".
Asimismo, en tercer lugar, estaría la línea de los técnicos dependientes de la Junta de Andalucía, "omitiendo su labor inspectora en evitación de posibles perjuicios urbanísticos y sobre el dominio hidráulico".
Por los hechos, en las localidades de Málaga y Sevilla, se procedió a imputar al promotor de la construcción por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; a los dos arquitectos redactores del proyecto por delitos de falsedad documental, y a cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena por los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Además, se ha imputado a tres técnicos dependientes de la Junta de Andalucía por los delitos de prevaricación y omisión en el deber de perseguir delitos, todo ellos por encontrarse directamente relacionados con la redacción, tramitación y control del expediente urbanístico investigado.
Las diligencias, una vez informadas, han sido entregadas en el Juzgado competente de Torremolinos (Málaga) para continuar con la instrucción.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.
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