El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el Real-Decreto ley de medidas antidéficit con el único apoyo del PP, con lo que el partido que sustenta el Gobierno se ha quedado solo con su paquete de recortes.
En concreto, la norma, con la que el Ejecutivo pretende ahorrar 65.000 millones de euros en dos años y medio, recibió 180 votos favorables, todos del PP, frente a 131 votos en contra y una abstención, la de UPN.
ERC, Amaiur, Compromís, BNG y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se ausentaron de la votación final al considerar que los ajustes suponen un "ataque brutal" contra los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
Entre las medidas convalidadas hoy se encuentran la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo para nuevos perceptores, la supresión de paga de Navidad a los empleados públicos, la eliminación de la desgravación por vivienda y la subida de las retenciones en el IRPF en actividades profesionales.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha salido a la tribuna a defender los "ajustes" decididos por el Gobierno, asegurando que buscar garantizar la estabilidad presupuestaria y reducir el déficit público.
Montoro ha insistido en que estas medidas son fruto de la necesidad del momento y aunque, ha reconocido que suponen un "sacrificio", ha subrayado que "no hay dinero en las arcas públicas" para pagarlo todo y que cuando algo no es financiable, "hay que quitarlo" de en medio.
La réplica en el PSOE a sus declaraciones se la ha dado su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha justificado el rechazo de su Grupo a estas medidas en que el camino a la salida de la crisis no pasa por "machacar a impuestos a las clases medias, autónomos y desempleados", y ha advertido de que estos ajustes van a conducir a más recesión.
Durante su intervención, Rubalcaba ha asegurado que estas medidas son "una suerte de enmienda a la totalidad" de los Presupuestos aprobados hace aproximadamente un mes y la "certificación de seis meses de errores".
ATAQUE A LOS DERECHOS.
En el resto de grupos de la oposición, el discurso y los argumentos para expresar su rechazo a los recortes ha sido muy similar. En general, las formaciones políticas han negado su apoyo al decreto por el perjuicio social que causarán medidas como la subida del IVA o el recorte de las prestaciones por desempleo, porque agravarán la recesión y elevarán el paro y porque "criminalizan" a los empleados públicos.
Rosa Díez, de UPyD, ha señalado que, después de escuchar a Montoro en la tribuna, "lo peor no son las medidas, sino las mentiras" del Gobierno y, entre esas mentiras, ha citado que el ministro dijera en el debate que la eliminación de la paga extra a los funcionarios no supone un recorte salarial, cuando sí lo es.
Díez ha acusado a Montoro de ver a los funcionarios como unos "vagos", lo que ha ocasionado un cierto 'rifirrafe' entre Díez y Montoro, hasta el punto de que el ministro ha intervenido para pedirle a la diputada que retirara ese adjetivo porque no había salido de su boca. Díez le ha respondido que no podía retirar algo que era una apreciación suya de las palabras del ministro y el asunto ha concluido con el siguiente comentario de Montoro: "hay interpretaciones que lo que hacen es definir la calidad de quien las hace".
Pedro Azpiazu, de PNV, ha denunciado que este "decretazo" va a profundizar en la grave recesión en la que se encuentra España porque la subida del IVA y el recorte de las prestaciones por desempleo perjudicará aún más el consumo. Para Azpiazu, los recortes del Gobierno son "profundamente injustos e inequitativos" porque afectan a muchas personas que ya lo están pasando mal y que, con estas medidas, "lo van a pasar mucho peor", ha advertido.
Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, también ha apreciado en las palabras de Montoro sobre que los funcionarios deben trabajar más "una insinuación" de que los empleados públicos son unos "vagos" y ha criticado que se esté "criminalizando" a este colectivo desde el Gobierno. Coscubiela ha reconocido que "pasa salir del pozo" hacen falta "sacrificios", pero "equitativos y justos" y no como los planteados en este decreto.
El portavoz de Izquierda Plural ha acusado además al Gobierno de actuar con "chulería con los débiles y con cobardía con los poderosos", lo que ha provocado una llamada de atención de la diputada Celia Villalobos, que en el momento de la intervención de Coscubiela actuaba como presidenta de la Mesa del Congreso. "No son expresiones propias para esta Cámara", le ha reprochado.
Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha denunciado que las medidas del Gobierno llevarán a la economía española a una "economía de guerra" y ha pedido al ministro que las comunidades autónomas, ante la "excepcionalidad de la situación económica", ingresen de manera directa las subidas impositivas contenidas en la norma.
Los distintos portavoces del Grupo Mixto, entre ellos Uxue Barkos (Geroa Bai) y Francisco Jorquera (BNG), han coincidido en denunciar que la reducción del déficit se va a hacer atentando contra derechos sociales y laborales, al tiempo que han reprochado al Gobierno el castigo infligido a los funcionarios en este decreto.
Por su parte, el representante de UPN, Carlos Salvador, ha señalado que, aunque resulta tentador situarse en la barrera cuando el toro arremete contra el Gobierno de turno, "su partido no lo hizo en el pasado ni lo hará ahora", por lo que ha decidido abstenerse, y ha pedido unidad a los demás partidos.
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