La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha pedido al Gobierno central que exija a las entidades financieras --bancos y cajas-- que paralicen "inmediatamente" los desahucios como condición para poder entrar en el plan de recapitalización del sistema financiero.
La consejera ha indicado a Europa Press que, ante el rescate bancario ya solicitado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tanto la Junta como IU consideran que "debe haber condiciones y requisitos clarísimos para todas las cajas y bancos que pidan formar parte de esa recapitalización", y que se centran en "desahucios cero".
De esta forma, Cortés pide que "todos los bancos y cajas que acudan a esa recapitalización paralicen de forma inmediata todos los desahucios de miles de familias andaluzas y españolas", al mismo tiempo que ha demandado que "se garantice un alquiler social para que las familias trabajadoras amenazadas con desahucios puedan tener una vivienda en la que desarrollar su vida".
"Estas familias se están viendo triplemente castigadas por la crisis, con la pérdida de empleo, la amenaza de desahucio y la deuda que tienen contraída de por vida", ha agregado la consejera, quien considera que "sería más que interesante exigir que el Gobierno plantee la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil para permitir la dación en pago, el alquiler social y la paralización de los desahucios".
Considera asimismo que "no se puede premiar a la banca teniendo en cuenta que han provocado sufrimiento e injusticia y el inmenso beneficio obtenido por esas entidades en los años de la burbuja".
Cortés ha recordado que "el Estado y el pueblo es el garante de la recapitalización y el artículo 128 de la Constitución alude al hecho de que la riqueza debe estar al servicio del interés general, por lo que es necesaria la paralización inmediata de los desahucios y el alquiler social que permita a las familias mantenerse en su vivienda".
"En el nombre de la mayoría social no se puede consentir ni un desahucio más y el Gobierno debe valer por el interés general y no por los intereses particulares", asevera la consejera, quien insiste en la necesidad de que las entidades "cuando acudan al rescate sean conscientes que una de las condiciones para optar al mismo debe ser paralizar los desahucios". Agrega que en el caso de entidades recapitalizadas, como Bankia, debe hacerse "exactamente lo mismo, esto es, paralización inmediata de los desahucios que Bankia ejecuta".
DESAHUCIO Y VIVIENDAS PÚBLICAS
La consejera ha anunciado asimismo que ha dado orden a las delegaciones provinciales y a las gerencias de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) de incluir un procedimiento más en todas las ejecuciones de desahucios administrativos en los casos de viviendas públicas, de forma que, según ha explicado la consejera, todos los desahucios "deberán contar con el visto bueno de la propia Consejería".
De esta forma, según ha explicado a Europa Press, todos los expedientes de desahucio, que tienen un trámite, deberán además ahora añadir otra "nueva garantía", esto es, deberán pasar por el director gerente de EPSA antes de proceder a la tramitación y aprobación de cualquier desahucio.
"Hemos visto la necesidad de repensar las cosas, todo lo que no sea usurpación de un bien público debe ser repensando, sobre todo cuanto puede haber menores", ha agregado las consejera, quien apunta que "desde 2008 a 2012 la Junta ha llevado a cabo menos de 20 desahucios".
EL PROCEDIMIENTO
Según publica este lunes 'Diario de Sevilla', la Consejería quiere estudiar cada caso en particular y dar una alternativa y asegura que previamente al lanzamiento se agotan todas las vías de diálogo.
Un equipo de técnicos y trabajadores sociales de EPSA analizan si los casos de morosidad responden a una auténtica incapacidad para abonar los recibos de alquiler o tienen una justificación objetiva. Si responde a causas económicas, se intenta llegar a un acuerdo con el inquilino para que acepte un reconocimiento de la deuda y se comprometa a realizar el pago cuando mejore su situación económica.
Estas viviendas se vuelven a adjudicar a otras unidades familiares que tienen una necesidad urgente de residencia (están en riesgo de exclusión social o han sido previamente desahuciadas judicialmente por entidades financieras al no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios que asumieron para adquirir sus viviendas en el mercado libre).
La Junta insiste en la flexibilidad que se les da a las familias para que puedan hacer frente a los pagos; incluso se contempla, en algunos casos, una minoración de las rentas de acuerdo con los límites que establece la Ley de Vivienda, indica este diario, que recuerda que la Junta gestiona más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas, según apunta el diario.
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