La defensa del empresario Cristóbal Peñarroya, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado este lunes que fue la Junta de Andalucía la que "creó el caldo de cultivo ideal para todo tipo de arbitrariedad o corruptela" en el ámbito del urbanismo, al dejar a la localidad "sin norma urbanística". Además, ha apuntado, junto a otros letrados defensores, que el fiscal al hablar de una sentencia ejemplar se refiera a "más dura que justa" y que "sirva de escarmiento".
En una nueva sesión del juicio contra la presunta trama de corrupción en la localidad malagueña de Marbella, han expuesto sus informes finales las defensas de cinco de los acusados, como son, además de Peñarroya, los también empresarios José Ávila Rojas, Manuel Lores, Rafael Gómez 'Sandokán' y José Andrés León Rull, vinculado en su momento a la promotora Aifos. Todos han pedido una sentencia absolutoria para sus patrocinados.
Así, el letrado de Peñarroya ha asegurado que la actuación de la administración andaluza, personada como acusación en esta causa, "produjo un efecto terriblemente nocivo, que es que dejó a Marbella sin norma urbanística", ya que, ha dicho, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 no estaba publicado y "no era aplicable", y la revisión del plan de 1998 "estaba formalmente suspendida" por dicha administración.
También se ha referido al Ayuntamiento marbellí, también acusación, del que ha dicho que tenía "una desesperada necesidad económica", por lo que "se inició una carrera de suscripción de convenios urbanísticos con finalidades exclusivamente recaudatorias", insistiendo en que "se utilizaba el urbanismo para recaudar no para ordenar" y en que el Consistorio "recaudaba compulsivamente" e "impuso" como planeamiento la revisión del plan.
"A esta actitud no fueron ajenos los servicios jurídicos, los técnicos, el interventor y el tesorero", ha manifestado el letrado defensor del promotor, quien ha reiterado que todas estas actuaciones en el ámbito del urbanismo se hicieron "a la vista, ciencia y paciencia de todos los servicios municipales".
Ha considerado que "nos estamos enfrentando a un simple caso de presunta corrupción política en este caso municipal como ha habido decenas de ellas en España, sin necesidad de detenciones masivas, juicios multitudinarios ni daños económicos y sociales a una zona privilegiada de España que tardará años en recuperarse de estas actuaciones".
Sí se ha mostrado de acuerdo con el ministerio fiscal en la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad de que hay determinados comportamientos que no pueden quedar impune, pero también "en mandar el mensaje de la preeminencia del Estado de Derecho sobre desproporcionadas y alarmistas actuaciones que han vulnerado, en mi opinión, derechos fundamentales y básicos".
"Se han sometido innecesariamente a determinadas personas a sufrimientos morales, desprestigios personales, profesionales y sociales con la dudosa finalidad de dar un escarmiento por unos hechos o unas corruptelas urbanísticas que si se hubieran abordado con la prontitud, la mesura y la prudencia necesarias habrían evitado injustos daños", ha apostillado.
SENTENCIA EJEMPLAR
También se ha referido a la expresión del fiscal de esperar una sentencia ejemplar y ha señalado que "el diccionario recoge dos acepciones de la palabra, la primera, es modélica, justa y adecuada a derecho, y si es así, este letrado la comparte", mientras que la segunda, "y me temo que es a la que se refería el señor fiscal, es una sentencia que sirva de escarmiento, es decir, una sentencia más dura que justa, algo que este letrado no puede compartir".
Al respecto, el letrado defensor del promotor José Ávila Rojas ha indicado que a un tribunal "no se le puede pedir una sentencia ejemplar, las sentencias tienen que ser ejemplares todas", apuntando que "parece que lo que se quería pedir era una sentencia dura, con muchas condenas, una sentencia con condenas a penas graves".
"Es una afirmación grave y en nuestra opinión desafortunada porque pudiera parecer que lo que se está pidiendo es que se interpreten extensivamente los tipos penales, que se relajen los criterios de valoración de la prueba o que se consagre el todo vale en la fase de instrucción", ha apuntado. Se ha referido "al afán generalizador" en concreto del Ayuntamiento, ya que, "parece insinuarse que todos son responsables de las 30.000 viviendas" y plantearse "una responsabilidad civil por derrama".
FALTA DE PRUEBAS
Los letrados han argumentado la falta de pruebas que, a su entender, hay en esta causa en lo que respecta a sus clientes. Así, la defensa de Peñarroya ha incidido en que las obras se realizaron "en absoluta legalidad" y en el carácter legal de las licencias de primera ocupación obtenidas por silencio administrativo. Ha reiterado el error en la identificación de su cliente en cuanto a las supuestas aportaciones de dinero.
La defensa de Ávila Rojas ha alegado que en ningún caso las cantidades anotadas en los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, se refieren a dádivas a cambio de resoluciones urbanísticas, sino a liquidaciones de negocios "perfectamente lícitos" con el principal acusado y presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, criticando la investigación "pésima, sesgada y no objetiva".
Por su parte, la defensa del también constructor Rafael Gómez 'Sandokán' también ha hablado de los errores de la instrucción y del "sufrimiento pasado" por su defendido, aunque se le pida una "pena liviana". Ha asegurado que los archivos Maras "no pueden ser un dogma o la biblia ni la única prueba de cargo de que se dispone para la acusación de mi defendido", recordando que Roca "reconoce que nunca ha recibido dinero de don Rafael".
"No está probado que diera dinero alguno al señor Roca, no hay causa tampoco por la que dar dinero", ha indicado el defensor, quien ha añadido que el Ayuntamineto "se lucró en exceso" con lo cobrado por las obras en unos locales. Por esta "falta de pruebas", por "lo que ya ha padecido en esta pena de banquillo", ha considerado que merece la absolución.
También han alegado falta de pruebas los letrados de León Rull y Lores. Para la sesión de este martes están previstos los informes de los letrados de los acusados Fidel San Román, de Fernández Castaño, de Enrique García, de los empresarios relacionados con Portillo y de Salvador Gardoqui.
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