El pasado curso, la Universidad Hispalense se convirtió en lo que los tuiteros llamarían ‘trending topic’ , esto es, noticia mundial con motivo de un Reglamento de carácter insólito que permitía que los alumnos copiaran en los exámenes sin ser sancionados por ello.
Ante el escándalo provocado por tal medida y la penosa imagen que dio la universidad sevillana, tanto nacional como internacionalmente –el asunto salió a relucir hasta en los pasillos del Parlamento Europeo en Estrasburgo-, el artículo 20 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas, que discriminaba a los buenos estudiantes que no hacían trampas llevando ‘chuletas’ a las aulas al permitir que los que fueran sorprendidos copiando en un examen continuaran haciéndolo como si tal cosa, fue retirada y modificada, no sin que antes desde el Rectorado, cuyo titular era entonces Joaquín Luque, se arguyera de forma tópica que el Reglamento había sido “mal interpretado”.
Concesiones a los estudiantes
Esta y otras normas que rigen la vida de la Universidad sevillana han sido fruto de las continuas concesiones que los aspirantes a rector han hecho duante sus campañas electorales internas a la representación del Consejo de Alumnos (Cadus) con el fin de atrarse su voto en el seno del Claustro, equivalente al Parlamento universitario y donde la fuerza de los alumnos ha ido incrementándose progresivamente desde el surgimiento del movimiento estudiantil que luchó por la democratización de la Universidad tras la muerte de Franco.
El actual rector, Antonio Ramírez de Arellano, es considerado como uno de los animadores de aquel movimiento juvenil que logró cambiar las reglas del gobierno de la Universidad Hispalense y, como vicerrector en el anterior mandato de Joaquín Luque, habría acogido también con simpatía que los docentes tuvieran cada vez más cuota de poder en el seno de los órganos de gobierno.
Un artículo explosivo
Por eso, cuando en el año 2009 se planteó la aprobación del Reglamento General de Estudiantes, el Claustro lo respaldó por una abrumadora mayoría de sus miembros: 118 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones.
El artículo 13 de esta norma dice, entre otros extremos, lo siguiente:
1) Los órganos específicos de participación y decisión tendrán derecho a declarar paro académico en su ámbito respectivo en apoyo de sus reivindicaciones.
2) El paro académico podrá ser parcial, afectando sólo a una parte de las asignaturas o materias, o total, afectando a todas las asignaturas y materias del ámbito, y supondrá la interrupción de todas las actividades docentes afectadas.
3) El paro académico podrá tener una duración máxima de dos semanas, pudiendo ser prorrogado por periodos de la misma duración máxima.
4) Entre la declaración de paro académico o su prórroga y su inicio deberán transcurrir, al menos, dos días lectivos completos.
Este artículo del Reglamento, tan alegremente aprobado en su día por los claustrales de la Hispalense como una concesión a los estudiantes y pensando de su sentido de la responsabilidad que jamás se llegaría a aplicar, por cuanto supondría la total paralización y cierre de las facultades y escuelas de la Universidad de Sevilla, la segunda de España por número de alumnos (unos 55.000) , es el que ha utilizado el Cadus como respuesta a los recortes que para la enseñanza ha aprobado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, conforme a las directrices de Rajoy, exigido a su vez por Bruselas en su obsesión por que se reduzca como sea el elevado déficit público español.
En la peor época
El pasado 18 de mayo, el Pleno del Consejo de Alumnos aprobó, conforme al Reglamento, un paro de dos semanas de duración, desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio, como respuesta al ministro Wert pero en el peor de los momentos posibles: al final del curso y en la época de los exámenes en que los propios estudiantes se juegan la carrera y por tanto su futuro.
Aunque hubo facultades, como Medicina, que votaron en contra del paro, el Reglamento es taxativo en este sentido: los opositores no tienen derecho a no secundarlo y el rector debe convertirse en el garante de la total paralización de las actividades académicas, incluidos exámenes y tutorías, estas últimas vitales para muchos alumnos que necesitan del contacto con los profesores para aclarar sus dudas antes de las pruebas finales.
Al tratarse de un paro obligatorio y no de una huelga voluntaria, los profesores no sufren ningún perjuicio económico, por cuanto siguen cobrando su nómina íntegramente aunque no impartan clases, sin descuento alguno por cada uno de estos catorce días en que no trabajarán.
Estupor
La existencia de este Reglamento, del que muchos profesores no tenían ni siquiera noticia y que incluso permite que el paro se prorrogue indefinidamente por periodos de dos semanas, ha servido para que en la comunidad universitaria se plantee si las cosas no han llegado demasiado lejos en las concesiones a unos estudiantes que tienen el poder de cerrar la Universidad sin que ni siquiera el rector pueda oponerse a sus designios, salvo que incumpla la norma interna de la misma.
Mientras el Defensor del Pueblo Andaluz recibe consultas de padres de alumnos temerosos de que sus hijos puedan perder el curso; un grupo de alumnos impugna el acuerdo del Cadus y exige la devolución de la parte proporcional del coste de sus matrículas por unas clases que no van a recibir, y colectivos de profesores declaran que la regulación del paro académico viola el Estatuto de la Universidad sobre la libertad de cátedra y el derecho de los alumnos a recibir enseñanza, el rector Arellano trata de revertir la situación de bloqueo creada apelando al buen sentido de los convocantes del paro, ya que jurídicamente está atado de pies y manos y en un callejón sin aparente salida por causa de una norma sobre la que ahora afirma que “no se puede cambiar a mitad de partido”. Para Ramírez de Arellano, “hay que reflexionar sobre la relación coste/beneficio” del paro universitario y sobre si el Reglamento que lo ha propiciado “está bien escrito”.
Desprestigio
El rector es consciente del riesgo que para la imagen y el deteriorado prestigio de la Hispalense tiene en la sociedad este paro total de dos semanas de duración y la existencia del Reglamento que lo permite, pues no hay otra norma interna similar en el resto de universidades del país ni ninguna otra ha ido tan lejos en su protesta con un cierre, tachado en algunos ambientes como “patronal”, de dos semanas.
La de Sevilla, al igual que ocurrió con el Reglamento que permitía copiar en los exámenes, vuelve a emerger ante la opinión pública como una universidad heterodoxa, en la que parece que lo que menos importa es la actividad académica y en la que mandan los alumnos en vez de los serios catedráticos de toga y birrete.
Si a ello se le unen las numerosas condenas en los tribunales de justicia, en un caso que llegó hasta el Supremo, por la ilegal construcción de la biblioteca central universitaria sobre unos jardines en el Prado de San Sebastián pagados con fondos de la Unión Europea -y cuya demolición siguen exigiendo los vecinos ganadores del pleito-, se concluye que el rector Ramírez de Arellano tiene razón en sus temores sobre la imagen que está proyectando en la opinión pública la Hispalense, que se halla en sus horas más bajas de su historia reciente.
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