A dichas indemnizaciones han podido acogerse tanto los parlamentarios que no seguirán ocupando escaño, tras el resultado de las pasadas elecciones autonómicas, en la nueva legislatura, que se inició el pasado día 19 de abril, como aquellos que, aunque sí repiten, decidieron acogerse a la indemnización correspondiente al mes en el que no ha habido actividad debido a la disolución de la Cámara con motivo de los comicios.
De hecho, cuando se decretó la finalización de la VIII legislatura, solicitaron las indemnizaciones por cese un total de 48 diputados, de los que, con posterioridad, renunciaron tres porque se incorporaron a su actividad profesional y otros 18 porque resultaron elegidos diputados en la IX legislatura.
La cifra de diputados que acogidos a las indemnizaciones puede ampliarse próximamente, por cuanto los parlamentarios que formen parte de la Diputación Permanente como miembros titulares o suplentes y no continúen ocupando escaño en la nueva legislatura contarán con varios días más para realizar la tramitación correspondiente.
El presupuesto andaluz de este ejercicio incorporaba una partida superior al millón de euros en el capítulo de gastos de personal para "dotación de los créditos necesarios para atender posibles cambios en la composición de la Cámara en la nueva legislatura", que se destinará a pago de cesantías a los diputados que hayan perdido esta condición tras las elecciones autonómicas.
La indemnizaciones por cese para diputados serán equivalentes a su sueldo como parlamentarios y se podrán cobrar como mínimo durante tres meses y como máximo un año hasta su reincorporación a un puesto de trabajo en el sector privado o en la fecha en que adquiera efectos económicos el reingreso a un puesto de trabajo en el sector público.
Dicha indemnización será compatible con la percepción de cualquier indemnización de la misma naturaleza que pudiera corresponderle por su condición de exalto cargo de la Junta de Andalucía.
El acuerdo aprobado por el Parlamento andaluz en su día prevé igualmente que los funcionarios de la Junta que hayan sido diputados una legislatura completa perciba, cuando dejen la política y se reincorporen a su puesto de trabajo, el complemento que les corresponda por la escala que ocupen en la administración.
Este plus se complementará hasta hacerlo equivalente al complemento de destino de los directores generales de la Junta. Además establece que los ex diputados que sean funcionarios de la Junta tengan derecho, cuando cesen en sus cargos, a un permiso no retribuido de hasta 12 meses antes de reincorporarse a la administración autonómica.
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