El delegado ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, ya que “en ningún caso el recibo del agua se encarecerá en un 200%, tal y como intenta hacer creer la coordinadora, ya que las tarifas es uno de los asuntos en los que se ha tenido especial atención en el pliego de condiciones, así como la subrogación de la plantilla o el mantenimiento de las bonificaciones de las ordenanzas fiscales, entre otros asuntos de especial relevancia, al entender que son temas importantes que deben dejarse bien atados, y así se ha hecho”.
Igualmente, ha destacado que “se ha dejado amarrado hasta el mínimo detalle, incluyéndose alrededor de 30 anexos que contienen toda la información para garantizar que la empresa que se haga cargo de la concesión cumple con todas las obligaciones necesarias para garantizar la calidad en la prestación del servicio”. Asimismo, en la memoria justificativa del cambio en el modelo de gestión contiene toda la información económica del servicio.
Espinosa aclara, que “precisamente de los datos económicos contenidos en esta memoria se desprende con claridad meridiana que las tarifas del recibo del agua se actualizarán conforme al IPC, recogiendo textualmente en el apartado VI referente a los aspectos económicos, en la página 93, la actualización prevista es un IPC estimado del 2,1%”. De esta manera, “en el cuadro contenido en la memoria relativo a la proyección de ingresos tarifarios durante los próximos 25 años se ha efectuado –como se puede ver en el mismo- con dicha estimación”.
Asimismo, ha explicado que, junto a esta memoria, en los pliegos del contrato se regula el régimen jurídico y técnico de la prestación del servicio con toda clase de exhaustividad”. Además, y en relación a las mejoras del servicio que se van a derivar de la concesión, el delegado ha destacado que “con la concesión de la gestión del servicio del agua se va a garantizar un nivel de inversiones para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras ligadas al servicio, que como mínimo va a duplicar las que en los últimos años Ajemsa viene ejecutando”.
El responsable de Economía ha desmentido punto por punto las acusaciones vertidas desde la coordinadora. En primer lugar, y tras dejar muy claro que “no se intente confundir al ciudadano con información sesgada”, ha dejado claro que, en todo momento, se ha actuado siguiendo los principios por los que se rige el Gobierno que dirige María José García-Pelayo de máxima transparencia y participación de los ciudadanos.
En este sentido, ha argumentado que “el procedimiento legal que se está llevando a cabo, no solamente cumple con lo establecido por la legalidad vigente, tal como indica el informe de la intervención municipal, sino que además este Gobierno decidió darle la máxima transparencia y participación a través de la exposición pública durante 30 días naturales, con objeto de que el expediente fuera conocido por todos los ciudadanos y se pudieran presentar alegaciones y sugerencias, tal y como se ha hecho, a pesar de que esta exposición pública no es de obligado cumplimiento legal”.
“Precisamente -según deja claro el delegado-, “este procedimiento es el que ha permitido presentar alegaciones, a las que se van a responder en el pleno del próximo viernes”. De esta manera, desmiente categóricamente las afirmaciones de la coordinadora, acusando a la alcaldesa de no responder a las alegaciones de la memoria y sin atender a la consulta ciudadana”. “Se va a contestar a todas y cada una de las alegaciones que se han hecho no sólo desde la Coordinadora, a través de FACUA, sino también desde la asociación de vecinos Pago San José, Foro Ciudadano, PSOE y CGT”. Igualmente, aclara que con anterioridad al pleno, se han dado a conocer la respuestas a las alegaciones en la comisión de Presidencia, celebrada el pasado lunes”.
Pedanías, mejora de las condiciones
En cuanto, a la afirmación de que no se ha tenido en cuenta la decisión de las juntas vecinales de las siete Entidades Locales menores (ELAs), Espinosa desmiente dicha afirmación, “entre otras cosas, porque estos órganos no se han reunido aún, y porque el Ayuntamiento, en todo momento, está llevando a cabo el asunto de manos de las pedanías, a las que, con el máximo respeto a las competencias, que la normativa vigente les atribuye, se les ha planteado que decidan ellas cuál es el modelo de gestión del servicio que estiman más conveniente para los intereses de sus ciudadanos”.
En este sentido, el Gobierno aclara que cuatro pedanías –la Barca, El Torno, San Isidro, Nueva Jarilla y El Torno- han comunicado ya su decisión al Ayuntamiento de optar por encomendar la gestión del agua, “sin que se haya producido ningún tipo de presión al respecto, ya que en el pliego se incluirá la gestión de aquellas que así se lo encomienden al Ayuntamiento”. “Incluso el Gobierno municipal ha mejorado las condiciones que se plantearon en un primer momento sobre el reparto del canón, de ahí que algunas pedanías hablen de un cambio de condiciones, que efectivamente se ha producido, pero para mejorarlas”, ha añadido.
De la misma manera, Espinosa quiere volver a explicar a los ciudadanos, “para evitar confusiones interesadas, que las concesiones de servicios implican que la gestión sigue siendo pública, lo cual supone que el Ayuntamiento conserva las facultades de policía y dirección del mismo, quedando garantizado, por tanto, el buen funcionamiento y el respeto a la normativa vigente”. Conforme a esto, “queda garantizada la calidad, el precio, el control ciudadano de la gestión y el patrimonio, puesto que en ningún caso hay ningún regalo a ninguna empresa”.
Por último, ha insistido en que en “el pliego queda garantizado la subrogación del concesionario en todos los contratos, auxiliares y complementarios, que actualmente tiene Ajemsa”.
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