La historia viene desde hace unos seis años aproximadamente, tiempo en el que comenzó a aplicarse “un cobro abusivo” de las tasas de vado, con “irregularidades en el procedimiento”. El modo de proceder de la asesoría jurídica de la plataforma sanluqueña ha tenido tal éxito -ha conseguido una sentencia judicial favorable el pasado mes de octubre de 2011- que su recurso servirá de modelo para el resto de personas afectadas.
Según Manuel Cazorla, portavoz de la Asociación de Vecinos de El Pinar y una de las personas que encabeza el movimiento vecinal contra el cobro del vado, visto “los adelantos” de Sanlúcar y el éxito de sus reclamaciones, “que han conseguido devoluciones por parte de la administración, se determinó desde Jerez unirnos a ellos”.
De momento, y tras los primeros contactos, se ha producido un intercambio de información y se ha puesto sobre la mesa que “los jerezanos afectados puedan beneficiarse de su asesoría jurídica”.
Pero esta anexión parece que únicamente es el principio, ya que las intenciones van encaminadas a crear “una plataforma provincial, porque no es de recibo, como ocurre en Jerez, que llevemos cuatro o cinco años reclamando sin que haya solución”, afirma Cazorla.
La clave según las palabras del portavoz jerezano está en que “el rebaje de las aceras es un servicio público, y como tal, corresponde al ayuntamiento en cuestión ordenar levantar el acerado si se produce la baja del vado, ya que es éste el que exige en su día a la constructora el rebaje correspondiente”.
Esta defensa se fundamente además en el hecho de que “nadie puede decir que los vehículos se han estado metiendo en los garajes utilizando vados que no se pidieron”, apunta Cazorla. “El que haya una puerta y un rebaje hecho por la administración no quiere decir nada”, reitera.
Desde la plataforma jerezana se critica a la Diputación, que es la que gestiona el cobro, por haber contratado en su día “una empresa para que hiciera fotos del interior de las casas, algo que va contra la ley al atentar con la intimidad, para intentar demostrar el uso de los garajes”.
Manuel Cazorla censura el modo de actuar del anterior Gobierno local (PSOE). “Si necesitaban dinero lo podrían haber conseguido de otra forma, ya que con el tema del vado provocaron embargos de pensiones de 600 euros”. La plataforma espera ahora que el actual Gobierno (PP) cumpla con lo dicho en su día por García-Pelayo, “que buscaría una solución al problema”.
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