La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Jerez ha emitido un auto, al que Efe ha tenido acceso, a través del cual da traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral contra la ex regidora y actual secretaria general del PSOE-A de Jerez.
En el auto se pone de manifiesto que de la investigación llevada a cabo se deducen “indicios” de que Pilar Sánchez “aprovechándose” de sus facultades como alcaldesa ordenó “la contratación de determinadas personas afines política o personalmente” sin que se cumplieran “los requisitos legalmente exigibles” para ello.
Según la jueza, las presuntas irregularidades tienen su base “bien por carencia de la capacitación necesaria en los nombrados para realizar” las funciones encomendadas –en todos los casos de “alta dirección”- o “bien por posibles irregularidades en el procedimiento de selección”.
En este último caso, el auto pone de manifiesto que el procedimiento utilizado por el Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) se encaminó a “incluir expresamente a un determinado candidato con tal vinculación o afinidad que sería el finalmente elegido, lo que presuntamente era conocido por las personas nombradas de tal forma”.
Este procedimiento discriminó presuntamente a otros candidatos inscritos con antelación en este servicio municipal que cumplían los requisitos necesarios para ocupar las plazas ofertadas por el Ayuntamiento y que fueron adjudicadas a los militantes del PSOE-A de Jerez.
Así, Francisco Gil y Rosario Cano –secretaria de Organización del PSOE-A de Jerez- accedieron a contratos de alta dirección a pesar de que su formación como docentes no se adecuaba a las labores que debían desempeñar.
África Becerra, Rubén Pérez y Dolores Caravaca accedieron a contratos de técnicos medios a través del Serjil, dándose la circunstancia de que en los tres casos se inscribieron en este servicio pocas horas antes de ser seleccionados.
Becerra fue elegida de entre 48 personas, mientras que las plazas de Pérez y Caravaca habían sido solicitadas por 16 y 14 candidatos, respectivamente, que en la mayor parte de los casos ni siquiera fueron entrevistados.
En el caso de Caravaca llama la atención que fuera contratada para ejercer como agente de dinamización social a pesar de estar únicamente en posesión del Graduado Escolar y de haber ejercido con anterioridad como dependienta y telefonista, en contraposición con otros aspirantes avalados con formación académica en el campo de la animación sociocultural y experiencia en el sector.
La causa parte de una querella presentada en 2009 por el también ex alcalde Pedro Pacheco, que respondió así a la tramitada por la propia Pilar Sánchez ante la Fiscalía Anticorrupción por la contratación como asesores de José López y Manuel Cobacho.
Por estas contrataciones, el Ministerio Fiscal solicita hasta 17 años y medio de prisión para Pacheco, imputándole delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
En el auto, que puede ser recurrido, la jueza no observa irregularidad en la designación de asesores realizada por Pilar Sánchez a partir de 2007, cuando ya gobernaba en mayoría absoluta, al hacerse los nombramientos bajo la figura del personal eventual de confianza que recoge la Ley de Bases de Régimen Local.
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