Así lo infromó ayer el Ministerio Público, que en una nota de prensa explica que, una vez recibida la denuncia de la OCU, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado al fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, la apertura de diligencias informativas.
El pasado día 6, la OCU dio a conocer las conclusiones de un análisis realizado sobre las minutas que los notarios y registradores cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca, que señalaban que “cobran de más” a sus clientes, “ignorando las tarifas aplicables al caso”.
La asociación de consumidores anunció ese mismo día que se había dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía “ante la gravedad de los hechos”.
La OCU pidió que estas instancias requieran al colectivo de notarios y registradores la revisión de todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y la devolución, en su caso, de las cantidades “indebidamente cobradas a los clientes”.
Las facturas remitidas por los propios socios de la OCU sirvieron como muestra del estudio y el 92 por ciento de las mismas, según la asociación, revelaba “prácticas ilegales”.
La OCU extrapoló esos datos a las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010 y calculó que notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones en un solo año.
La asociación denunció que notarías y registros incumplen la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que supuso un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca.
El cambio normativo estableció que el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada, por lo que si se suman a ese importe los demás conceptos, una escritura de diez páginas no debería costar más de 70 euros.
Según la asociación de consumidores, el registrador debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver, que es igual a cero cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada, y reducir el resultado en un 90%.
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