La propuesta ha sorprendido a todo el mundo, en parte porque es la enésima que plantea desde que sacara el debate sobre el futuro de los entes provinciales, pero en el caso de Cádiz sorprende aún más, ya que, en muchos sentidos, representa ‘copiar’ el modelo que ha creado José Loaiza, al reunir en un mismo órgano a la Diputación con los alcaldes de Cádiz, Jerez y Algeciras.Si se aplicará la propuesta del dirigente socialista, este órgano de Loaiza seguiría activo, ya que él estaría como alcalde de San Fernando y, en un supuesto, sólo habría que añadirle a algún alcalde más a este nuevo órgano gaditano.
Incluso la finalidad del mismo sería la misma, ya que mientras Rubalcaba señalaba ayer que el funcionamiento de este nuevo Consejo de Alcaldes sería el de “un alcalde, elegido por el resto, que representará los intereses de la provincia” y gestionará una serie de competencias, “aliviado de la parte política” y sin duplicidades, la propuesta del presidente de la Diputación de Cádiz es juntar a las tres principales localidades de la provincia para que se conviertan en el “dinamizador” de la economía de la provincia, sin contar para ello con una estructura política añadida, sino sólo proponiendo ideas y aunando esfuerzos para solventar los problemas que padece Cádiz en su conjunto.
En rueda de prensa para presentar el proyecto de transformación de las diputaciones provinciales, Rubalcaba señalaba ayer que esta propuesta se llevará a finales de septiembre a la Conferencia Política del PSOE para su aprobación, a la vez que recalcaba que tiene por objeto “simplificar, evitar duplicidades y conseguir un ahorro importante del gasto público”.Sobre este nuevo Consejo de Alcaldes ha detallado que su funcionamiento sería el de “un alcalde, elegido por el resto, que representará los intereses de la provincia” sin duplicidades. Sin aclarar cuántos alcaldes deben participar en él o si todos tendrían el mismo peso a la hora de tomar decisiones.
Rubalcaba ha explicado que estos mil millones que se ahorraría con la medida suponen el 20 por ciento del gasto total de las diputaciones, ahorro al que se llegaría suprimiendo cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos cargos políticos y el paso de una serie de servicios y gestiones -básicamente en educación y servicios sociales- a las comunidades autónomas.No obstante, Rubalcaba ha asegurado que esta propuesta no conllevaría una reforma constitucional y sí “una organización distinta” de la provincia en la que cabría una redefinición de la Ley de Bases de Régimen Local y una modificación de la Ley de Haciendas Locales.
Rubalcaba también ha querido dejar claro que los funcionarios y el personal administrativo que actualmente presta servicios para las diputaciones provinciales tendrán garantizados sus puestos de trabajo.Así, ha subrayado que los funcionarios no serán suprimidos ya que “serán llevados a los sitios que correspondan”, y que tendrán, como cualquier funcionario, “su puesto garantizado”, aunque no aclara cuáles sería esos sitios o si los gobiernos autonómicos tiene capacidad para asumir el personal de ocho diputaciones, como es el caso de Andalucía.
El candidato ha especificado que las funciones y servicios que pasarían a las comunidades serían, entre otras, las relativas al bienestar social y servicios sociales, políticas de igualdad, acción educativa, interés cultural, medio ambiente, políticas de empleo y tecnología, mientras que algunas muy concretas, como residuos, podrían revertir en los municipios.
Preguntado por qué un cambio tan radical en la postura del PSOE, Rubalcaba descartó que sea radical pero sí ha admitido que se trata de “un cambio” y ha matizado que cuando las cosas cambian “las políticas tienen que cambiar también”., y ahora se requiere "un esfuerzo de ahorro" en la administración y en los cargos políticos
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