Transparencia en la financiación y adecuar las leyes ante bulos y desinformación
El presidente de Club Abierto de Editores (Clabe), Arsenio Escolar, ha planteado varias iniciativas para luchar contra la desinformación, los bulos y las noticias falsas, que pasan por una mayor transparencia en la financiación y control de la audiencia de los medios y adecuar la legislación vigente ante el impacto de las nuevas tecnologías, contando siempre con el consenso del sector.
Arsenio Escolar, como presidente de una entidad que aglutina a 191 empresas que editan unas 1.300 cabeceras diferentes de todos los ámbitos, entre ellas Publicaciones del Sur, compareció este miércoles ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso para tratar sobre el impacto de la desinformación y medidas para combatirla desde el periodismo, la política y la sociedad civil.
En su extensa exposición, Escolar dejó claro que la desinformación “no es un fenómeno nuevo” y que la mentira siempre ha sido utilizada como “arma política y social”, aunque ha sido la digitalización lo que “ha multiplicado su alcance y eficacia”. “Las redes sociales y las plataformas digitales, con sus algoritmos que priorizan la viralidad sobre la veracidad, se han convertido en potentes amplificadores de bulos y noticias falsas”, una desinformación que, insistía, “afecta a la democracia en múltiples niveles”.
“La inmensa mayoría de los editores de prensa vemos con una enorme preocupación el reciente fenómeno de la desinformación. La credibilidad y la confianza de la ciudadanía son pilares esenciales para el ejercicio de un periodismo responsable y para la supervivencia de la prensa, tan importante en democracia”, apuntaba.
Ante esta realidad, planteaba una serie de medidas que desde los medios de comunicación se pueden llevar a cabo, como reforzar los códigos éticos y las buenas prácticas periodísticas; priorizar la verificación de la información y la transparencia en la identificación de las fuentes; mecanismos de autorregulación rigurosos; colaborar con las plataformas digitales para identificar y eliminar contenidos falsos o engañosos; y promover la alfabetización mediática, educando a la ciudadanía para que pueda identificar la desinformación y valorar las fuentes confiables.
Para Escolar, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) “representa una oportunidad para fortalecer la libertad, la independencia y la pluralidad de los medios de comunicación” y para garantizarlo plantean una mayor transparencia, en la propiedad de los medios, en su financiación, en la asignación de la publicidad institucional; en la medición de audiencias y en las grandes plataformas en línea. Esa transparencia es “crucial para garantizar la confianza de la ciudadanía, la competencia justa y la protección de la independencia editorial”.
El presidente de Clabe ve fundamental abrir un debate a fondo sobre los medios públicos para fortalecer su independencia y profesionalización, pero también una reforma del sistema de medición de audiencias, para que sean “visibles, transparentes y confiables”, adaptado a la era digital para que sea “precisa, confiable, independiente y verificable” porque “los datos sesgados o incompletos pueden distorsionar la distribución de la inversión publicitaria, favoreciendo a ciertos actores y dejando a otros sin recursos suficientes para sostener su operación”.
Clabe apoya el EMFA y reconoce su importancia para garantizar la libertad, la pluralidad y la independencia de los medios de comunicación, pero considera que “la autorregulación debe complementarse con medidas regulatorias que emanen del consenso general, del diálogo transparente y sincero entre todos los agentes del sector, asociaciones empresariales de editores y de profesionales de la información, fuerzas políticas y sindicales y el Gobierno”, a los que unen programas de alfabetización mediática, “educando a la ciudadanía para que pueda identificar la desinformación y valorar las publicaciones confiables”.
Respecto al registro de medios de comunicación propuesto por el Gobierno de España, Clabe lo considera una “iniciativa positiva” aunque antes de ver en qué organismo se ubicaría, “debe abrir antes un diálogo con el sector para establecer con qué criterios se va a generar ese registro y qué usos se le van a dar”, al entender que hay reformas regulatorias pendientes, más aún tras el cambio estructural que ha supuesto la irrupción de las nuevas tecnologías e internet.
“Se hace urgente y necesaria una adecuación de la legislación española en materia de medios de comunicación para adaptarse a la nueva realidad digital y garantizar un equilibrio entre la libertad informativa, la protección de derechos fundamentales y la lucha contra la desinformación en la sociedad digital”, apunta Escolar.
Entre los aspectos a regular, el respeto a los derechos de propiedad intelectual, la asunción de responsabilidades por parte de los nuevos agentes en la producción y distribución de contenidos e informaciones, el uso de algoritmos para la captación de audiencias, la garantía en el acceso a medios de comunicación fiables “sin importar donde vivan”, porque el “aislamiento informativo tiene consecuencias graves y es un factor de riesgo ante las maniobras de desestabilización basadas en la desinformación”.
Escolar considera “insuficiente” el plan de ayudas de 125 millones para fortalecer y digitalizar los medios de comunicación del Gobierno, aunque lo ve “una oportunidad para transformar y modernizar el ecosistema mediático”. Y le pone deberes al Ejecutivo: que la asignación de ayudas sea proporcional y segmentada, con criterios objetivos más allá de la audiencia o el alcanza; una reserva para fomentar la innovación tecnológica; apoyo a la digitalización de medios pequeños; incentivos para colaboración entre medios, y, sobre todo, una auditoría y transparencia en la distribución de los fondos.
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