Evitar la proliferación de centros universitarios que no cumplan con los requisitos mínimos en docencia o investigación es uno de los caballos de batalla al que se enfrenta la comunidad universitaria, que la semana pasada volvió a reunirse con las administraciones en busca de una ley que regule la creación de nuevos centros, también los on line.
Las negociaciones para actualizar el real decreto de 2021 que se centraba sobre todo en el ámbito de la investigación comenzaron hace ocho meses y no hay visos de que pueda cerrarse un articulado en breve.
"Todavía no tenemos un texto sobre el que poder hacer modificaciones", señalan a EFE fuentes universitarias del ámbito privado, mientras que desde el Ministerio de Universidades reconocen que el tema es "complejo" toda vez que las competencias están transferidas.
"Se tiene que estudiar bien cómo poner límites desde el punto de vista jurídico", insisten en el Gobierno.
Y es que el escollo de esta norma no está tanto en los criterios de calidad que deben cumplir las nuevas universidades, tanto desde el punto de vista de su oferta académica, como de su personal de investigación y docente, sino qué mecanismo vigilará que estos estándares se cumplen a lo largo del tiempo.
Recientemente la Comunidad de Madrid ha propuesto la creación de la Universidad Abierta de Europa (virtual) y aunque la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas- emitió un informe desfavorable, al no ser vinculante el proyecto sigue en marcha.
"El problema está en quién vigila al que vigila, si el que tiene las competencias aprueba un proyecto que tiene un informe demoledor", señala el vicerrector de Estudios de Grado de la Universidad Autónoma de Madrid, Santiago Palacios, a EFE.
El crecimiento de universidades on line supone otro reto ya que al no tener una ubicación en una región, ¿de quién es la competencia?. El Gobierno, en este caso, opta porque estas universidades estén adscritas a la legislación nacional, apuntan otras fuentes universitarias.
Evitar a los fondos de inversión
El Ejecutivo quiere garantizar que los promotores de nuevas universidades tienen experiencia en la gestión de este tipo de proyectos para evitar la entrada de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad, un punto de vista que comparte la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo.
En una entrevista con EFE, Visiedo apuesta por que se refuerce la exigencia de recursos económicos para que "sean suficientes y se asegure el despligue del centro", al menos a tres años vista, comenta.
También la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Eva Alcón, subraya a EFE que "la inversión en investigación y transferencia de conocimiento no puede eludirse en la creación de una universidad, ni tampoco un plan de viabilidad económica".
"Es importante definir qué es universidad y qué no para garantizar la fortaleza del sistema universitario", señala.
Viviendas concertadas
Por otra parte, el nuevo decreto también exigirá a las nuevas universidades privadas garantizar viviendas a los estudiantes, docentes e investigadores a precios asequibles.
Sin embargo, fuentes de la comisión de trabajo señalan a EFE que para la construcción de estas viviendas podría haber un "concierto" con el Estado.
Otras claves que están sobre la mesa son la revisión de cuántos grados (actualmente diez), másteres (seis), y doctorados (2) se requerirán en la oferta académica que presenten los nuevos centros y qué mínimo de ramas del conocimiento proponen.
También se podría endurecer el porcentaje del presupuesto que el nuevo centro dedica a programas de incentivación de la investigación, que a día de hoy está cifrado en al menos un 5 %.
91 universidades y una decena en camino
En el curso 2023-2024 había 91 universidades, dos más que el curso anterior, de las que 50 son públicas y 41 privadas y siete universidades son no presenciales (6 privadas y 1 pública).
El crecimiento de titulaciones en los centros privados se ha disparado en los últimos ocho años y ha habido un aumento del 50 % de las titulaciones de grado y de máster.
La presidenta de la CRUE aboga por "garantizar la calidad de la docencia, tanto si es presencial, virtual o híbrida" ya que "el peligro que se corre con la proliferación de centros" que no cumplen unos estándares de calidad "es que ponen en riesgo la fortaleza del sistema universitario".
El CEU coincide en que una mayor exigencia en investigación eleva la excelencia de la enseñanza universitaria y es algo que interesa a todos, a públicas y a privadas.
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