Según han informado a Efe fuentes del Gobierno andaluz, este conflicto que ha sido planteado por la Junta de Andalucía "todavía no ha sido tramitado por el Juzgado de Instrucción numero 6", cuya titular es la magistrada Mercedes Alaya y que investiga las ayudas de la administración andaluza a los ERE irregulares.
La Junta ha reaccionado así después de que la Audiencia de Sevilla haya determinado que las actas de los consejos de Gobierno andaluz no son secretas, en un auto en el que rechaza su recurso contra la petición de la juez que investiga los ERE fraudulentos de que se le entregasen las actas de dichas reuniones desde 2001.
El Gobierno andaluz recalca que "la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno" a la juez, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo.
También pone en cuestión que la juez suspendiera la tramitación del conflicto de jurisdicción ante el Supremo, tal como le había planteado la Junta, "ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización".
La Junta de Andalucía, que asegura que no tiene conocimiento oficial de la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla, confía en que el Tribunal de Conflictos se pronuncie y que la juez Alaya le remita las actuaciones.
"Sería absolutamente contrario a derecho no tramitar el conflicto y, por lo tanto, el acceso a las actas por parte del Juzgado no podrá realizarse sin haber solventado previamente el conflicto planteado", han argumentado las mismas fuentes.
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