Además, están procesados 41 ciudadanos por adquirir documentos falsos, que se enfrentan a dieciocho meses de prisión cada uno por delitos de falsedad en documento oficial, según la calificación fiscal a la que ha tenido acceso Efe.
El ministerio público señala que dos de los procesados, J.G. y S.Z. crearon y dirigieron en Marbella en 2008 una estructura para documentar como residentes comunitarios en España a inmigrantes, para lo que les vendían documentos de la República Eslovaca.
Tras presentar esos documentos en las Comisarías de Policía, obtenían certificados de residentes comunitarios que les permitían acceder al mercado laboral y a todas las prestaciones derivadas de su pertenencia a un miembro de la Unión Europea.
Los datos que constaban en los documentos, salvo la foto, eran reales, y se correspondían con personas eslovacas que bien habían perdido la documentación, la habían vendido o les había sido robada.
Otra de las actividades de este grupo era la venta por correo de documentación falsificada a ciudadanos ucranianos, rusos y bielorrusos asentados en distintas provincias de España, fundamentalmente carnés de conducir internacionales falsos y carnés de conducir eslovacos.
Los dos acusados mencionados confeccionaban la documentación mientras que la pareja de uno de ellos, V.B., atendía los teléfonos y mandaba envíos postales y SMS en la empresa donde los compradores llamaban para solicitar la documentación falsa.
A partir de enero de 2009, S.Z. insertó tres anuncios en periódicos rusos editados en España en los que ofrecía "legalizar el carné de conducir sin examen".
Los documentos falsificados se mandaban por paquete postal mediante reembolso, por un importe de unos 200 euros los permisos de conducir internacional y 480 euros los permisos eslovacos, a los que se añadían 100 euros por cada categoría de vehículo.
La Fiscalía destaca el "absoluto desprecio a la seguridad de terceros" de los acusados, que realizaban carnés de conducir "a personas que no estaban capacitadas para ello ni nunca lo habían estado", incluso para conducir camiones y autobuses escolares, y que elaboraban según "las necesidades del cliente".
Por ello, pide para S.Z. e I.G. penas de siete años y medio de prisión a cada uno y de seis años y medio para V.V., por los delitos de asociación ilícita y delitos continuados de falsedad en documento oficial.
Con relación a los compradores, el fiscal indica que al remitir sus fotografías para los documentos, expedidos en países donde ni siquiera habían residido, eran "plenamente conscientes del documento mendaz" que adquirían.
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