La reforma para renovar al Consejo de Administración de RTVE, ha entrado en vigor este jueves con lo que dentro de treinta días, antes del 23 de noviembre, según el real decreto aprobado por el Gobierno, habrá uno nuevo y con más miembros, quince en lugar de los diez consejeros actuales.
Empieza la cuenta atrás para la elección de un nuevo Consejo en un proceso que reduce la mayoría parlamentaria necesaria para su renovación (de dos tercios a mayoría absoluta).
Las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado deben iniciar el procedimiento para elegir a los miembros del Consejo de la Corporación RTVE en el plazo de quince días naturales.
La elección en sí de los consejeros -once propuestos por el Congreso y cuatro por el Senado-, entre ellos el presidente, deberá luego concluir en el plazo máximo de otros quince días naturales.
Los candidatos serán propuestos por los grupos parlamentarios en cada una de las Cámaras y deberán comparecer en las comisiones de Nombramientos del Congreso de los Diputados y del Senado para que se determine su idoneidad para el cargo.
Entre los consejeros seleccionados, el Congreso elegirá a la persona que presidirá la Corporación.
Algunos de los consejeros actuales podrían ser reelegidos, porque lo contempla el decreto, aunque sólo por una vez, con lo que se podrá ver de nuevo alguna cara ya conocida.
Hasta ese momento, los actuales permanecerán en su cargo, limitando eso sí sus funciones a la gestión ordinaria de los asuntos del ente público.
La nueva presidencia de RTVE tendrá más poder ejecutivo y más capacidad de decisión sobre cuestiones que antes estaban encomendadas al Consejo
Entre ellas, nombrar y cesar al equipo directivo de la Corporación. Hasta ahora, la presidenta o presidente sólo podía hacer una propuesta en ese sentido al Consejo de Administración, y sus miembros eran los que procedían a la votación.
Podrá también dar el visto bueno a "la organización básica de la Corporación y sus modificaciones", es decir al organigrama de RTVE, además de aprobar determinados contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos.
No obstante, si el Congreso y el Senado no llegan finalmente a un acuerdo para elegir al Consejo y a la presidencia, el Gobierno podrá proponer el nombramiento de un administrador provisional único.
La propuesta se sometería a la votación del pleno del Congreso y debería salir adelante por mayoría de dos tercios en una primera votación o por mayoría absoluta en una segunda, a las 48 horas.
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