El Gobierno ha respondido a Sumar que los tres jóvenes muertos a manos de la Guardia Civil en Almería en mayo de 1981 no tienen la consideración de víctimas del terrorismo y ha indicado que no ha iniciado ninguna actuación para incluir a las víctimas de la violencia policial en la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Así consta en una respuesta escrita a una pregunta formulada por los diputados nacionales del Grupo Sumar Íñigo Errejón y Nahuel González, quienes interpelaban al Ejecutivo sobre las medidas en marcha para modificar esta ley y así incluir en ella a las víctimas de la violencia policial.
Los diputados también solicitaban información acerca de los pasos para asegurar "un relato fiel a los hechos" del denominado 'Caso Almería', y sobre la fecha para la puesta en marcha de una comisión técnica sobre este caso.
En su contestación, consultada por EFE, el Gobierno recuerda que esta ley afecta a aquellos que “sufrieron la acción terrorista desde 1960”, definida ésta como la “llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”.
En este sentido, el Ejecutivo incide en que el Ministerio del Interior ha reconocido como víctimas del terrorismo a fallecidos y heridos por hechos acaecidos durante la transición democrática, “siempre y cuando la naturaleza de tales hechos haya sido calificada de acción terrorista”.
Apuntan que, con respecto a las familias de las tres víctimas del ‘Caso Almería’, los hermanos de Luis Montero García solicitaron en el año 2000 una indemnización como familiares de víctima del terrorismo, que fue desestimada porque la Audiencia de Almería condenó en 1982 a los procesados como autores de sendos delitos de homicidio, “sin determinar que en la comisión del acto delictivo hubiera mediado banda armada y, menos aún, un grupo terrorista”.
Asimismo, los padres de Juan Mañas Morales presentaron en el año 2000 solicitud de indemnización por el fallecimiento de su hijo, que también fue desestimada por los mismos motivos. La resolución desestimatoria del Ministerio del Interior fue confirmada por la sentencia de 2 de julio de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Por otra parte, ningún familiar de Luis Cobo Mier ha solicitado indemnización alguna como víctima de terrorismo.
“Expuesto lo anterior, se comunica que no se ha iniciado ninguna actuación para incluir a las víctimas de la violencia policial en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, normativa esta que afecta exclusivamente a las víctimas del terrorismo, como el propio título de la Ley indica”, concluye.
Los asesinatos se produjeron en mayo de 1981 cuando Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero, tres jóvenes que viajaban en coche desde Cantabria a Pechina (Almería), fueron detenidos y asesinados por guardias civiles que estaban buscando a de tres terroristas de ETA que habían atentado en Madrid días anteriores.
Casi 42 años después de los asesinatos de tres jóvenes el Gobierno pidió perdón en enero de 2023 a sus familias, en un acto de reparación presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el que también participaron el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
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