La sentencia, emitida el pasado 12 de abril, cifra en 66,5 millones de euros los perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, declarando responsables directos solidarios a los cuatro hijos de Jesús Gil y Gil --Jesús, Miguel Ángel, Fernando y María Ángeles Gil Marín--, así como al exteniente de alcalde Pedro Román, a los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque y al exalcalde Julián Muñoz, según publica el diario 'SUR'.
Los cuatro herederos del exalcalde han sido condenados a pagar a la institución municipal de forma solidaria los 66,5 millones de euros, cantidad a la que se suman más de 39 millones de euros por los intereses. El tribunal declara la transmisión de la responsabilidad contable del exalcalde a sus herederos por los daños causados a los fondos públicos del Ayuntamiento como consecuencia de las irregularidades contables que tuvieron lugar entre 1994 y 1999.
"El demandado Don Gregorio Jesús Gil y Gil fue alcalde de Marbella en el momento de los hechos enjuiciados, y al haber fallecido esa defunción no extingue la responsabilidad civil ni la contable derivada del ejercicio de sus funciones como alcalde, sino que se transmite a sus causahabientes como responsables directos por sucesión", establece la sentencia.
El tribunal considera que al haber aceptado la herencia de su padre, los cuatro hijos de Gil lo suceden "en todos sus derechos y obligaciones", a pesar de que los representantes legales del exalcalde, al fallecer éste, solicitaron al Tribunal de Cuentas que lo apartara del proceso por el que ese organismo lo había emplazado a reintegrar las cantidades no justificadas.
La sentencia, ante la que cabe recurso de apelación, también condena de forma solidaria a Pedro Román por 41,8 millones de euros más los intereses correspondientes, que suman en la actualidad 24,2 millones, mientras que al exalcalde Julián Muñoz se le condena por 10,3 millones más 5,2 millones de intereses, al exedil Rafael González por 59,4 millones más 33,5 millones de intereses; a su excompañero del GIL Antonio Luque, por las mismas cantidades que Julián Muñoz, y a la también exedil Marisa Alcalá, por 4,1 millones más 3,3 millones de intereses, según el rotativo.
La resolución desestima que exista responsabilidad contable sobre la exconcejala Dolores Zurdo. La sentencia es producto de un procedimiento de reintegro por alcance contable abierto en el Tribunal de Cuentas a partir del informe de fiscalización de ese organismo correspondiente al periodo 1990-1999. Este estudio detectó graves anomalías en la gestión de las empresas públicas, que fueron creadas por el equipo de Jesús Gil para gestionar diversas áreas municipales tan pronto como accedió al poder en 1991.
La resolución judicial pone de relieve el absoluto desprecio por la legalidad que reinó en el Ayuntamiento durante el mandato de Gil y el descontrol que había sobre el manejo del dinero público, y cifra en 66,5 millones de euros el perjuicio causado a las arcas públicas. Así, se explica que existe constancia de que los fondos salían del Ayuntamiento, pero no de que los mismos ingresaran en la sociedad municipal a la que iban destinados, ni que dichas transferencias se efectuaran en base a justificación alguna.
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