El delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha apelado a la Ley de Implantación y Sostenibilidad del Territorio Andaluz (Lista) de la Junta Andalucía para defender la "viabilidad jurídica" de los cortes de agua a los pisos turísticos, que no cuentan con licencia y que la portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, ha puesto en duda.
En este sentido, De la Rosa ha asegurado que se trata de "medidas que existen y se recogen" en la citada ley.
Así lo ha manifestado el delegado durante la Comisión de Fiscalización y Control celebrada este viernes en el Consistorio hispalense, donde ha recordado que "éstas no son más que medidas complementarias" y que la "clave" está en limitar esas viviendas de uso turísticos.
Ha dicho: "Hoy abro la puerta a que los grupos sigan aportando mejoras a esas propuestas que lleva poniendo el Partido Popular encima de la mesa desde hace meses. Seguimos esperando esas propuestas que dice Izquierda Unida, alguna nueva del Partido Socialista o alguna aportación del equipo de Vox".
De la Rosa ha destacado que se han mandado un total de 715 declaraciones responsables y legales al registro de la Junta Andalucía, "que es la que registra las viviendas de uso turístico, y en eso estamos", ha apostillado. Asimismo, el delegado de Urbanismo ha insistido que "esto son medidas complementarias a esa limitación", y que las mismas están recogidas en la ley Lista, por lo que "este Gobierno las va a potenciar con inspecciones, expedientes disciplinarios, así como con el seguimiento de barrios donde hay problemas vecinales".
En definitiva, la ley Lista "nos habilita desde su vigencia a este tipo de medidas", ha resaltado.
De la Rosa ha desmentido que se estén haciendo diez inspecciones semanales como ha afirmado la portavoz municipal de Vox durante su intervención, y en esta línea ha asegurado que "se están haciendo muchas inspecciones".
Además, "no hablamos de inspecciones, hablamos de expedientes disciplinarios que se remiten a la Junta", ha aclarado y a continuación ha informado que, "seguramente, en unos días mandaremos otros sesenta, aparte de esos 715 que ya se han enviado, junto con los 770 que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía". Con lo cual, "el objetivo es hacer una inspección pormenorizada de todas esas declaraciones responsables", ha concluido De la Rosa.
Por su parte, Peláez ha insistido en las "dos grandes dudas" que le surgen ante esta medida.
"La primera de ellas es la viabilidad desde el punto de vista jurídico para proceder a cortar el agua a una vivienda de uso turístico, y la segunda es la posibilidad material de poder ejecutar ese plan de inspecciones en todas las viviendas de este régimen, ya que actualmente el número de inspectores dedicados a esta cuestión es mínimo, siendo tan solo dos en toda la Administración local", ha argumentado.
Al hilo de ello, ha apuntado desde un punto de vista jurídico es "bastante complejo" proceder a cortar el agua de una vivienda, "pues implica comprobar, ante todo, que efectivamente esta vivienda está operando como alojamiento turístico de manera ilegal, lo cual lleva un tiempo importante o incluso puede llegar a tornarse casi imposible si no se cuenta con las evidencias suficientes", ha subrayado.
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