O sea, que el que puso el dedo en la llaga desde el primer momento fue el informe de la Policía Nacional, que este periódico adelantó a sus lectores y posteriomente el de la Cámara de Cuentas que incluía al primero. En ambos se decía que en el área de Economía y Hacienda, entiéndase sólo en la parte donde está y se custodia el dinero, alguien no estaba cumpliendo con sus obligaciones y en cierto modo propició que en río revuelto, otro -solo o en compañía de otros tomando prestada la sentencia del crimen de los marqueses de Urquijo- pudiera pescar a sus anchas durante cinco largos años en los que presuntamente se produjo una clara dejación de funciones.
La noticia que este domingo publica INFORMACIÓN, pues, no arroja nada nuevo a la obviedad, aunque la esclarezca, pero aún quedan muchas cosas por saber de una investigación que ha sido tachada de lenta y de una actuación judicial que también ha recibido no pocas críticas por parte de los más impacientes, posiblemente no siempre faltos de razones al tratarse del dinero de todos los ciudadanos y aunque sólo sea por la modesta implicación como contribuyentes.
Sin embargo, sí incide en algo que siempre ha defendido este periódico y otros colectivos sobre lo poco idóneo de mantener en sus cargos a los mismos presuntos responsables del desfalco, por acción u omisión o al menos como responsables administrativos que así se refleja en sus obligaciones legales. Y lo que es peor, que esa conducta presuntamente acertada pero sujeta a dudas razonables sobre su acierto, salpica directamente al mismísimo alcalde de la ciudad que ha hecho de la buena praxis del interventor una bandera con la que corre el riesgo de quemarse las manos. Una actitud que lo honra, pero que posiblemente no haya calibrado en su justa medida.
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